Novagalicia Banco y CatalunyaCaixa, controladas por el Estado, no saldrán a subasta antes de octubre por si alguna de las dos entidades encuentra un inversor que evite la puja al mejor postor.
Según una fuente del Ministerio de Economía, aunque el objetivo es incentivar una segunda ronda de fusiones, Novagalicia y CatalunyaCaixa seguirán teniendo de plazo hasta finales de septiembre para captar inversores.
Desde que en otoño pasado el Estado tomó el control de ambas entidades, el grupo fruto de la unión de las dos cajas gallegas ha seguido tratando de buscar inversores privados para evitar caer en subasta al mejor postor.
Y podrá seguir haciéndolo, aunque el nuevo real decreto de saneamiento del sistema financiero diga que se suprime la posibilidad que tenía el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de desinvertir, en el plazo de uno o dos años, los títulos adquiridos a las entidades emisoras o a terceros inversores propuestos por la entidad.
Las fuentes del Ministerio explicaron que esto no afecta ni a Novagalicia ni a CatalunyaCaixa, sino que es aplicable a los casos futuros, si bien el sector da por hecho desde hace meses que la salida de las dos cajas es la subasta, algo que se vio especialmente como única opción en el caso de la catalana.
A la espera de que se den esas pujas, el Estado tiene en marcha la subasta de Unnim, entidad por la que se han interesado el Banco Santander, BBVA, el fondo JC Flowers, además del Banco Popular, Ibercaja y Bankia.
De mantenerse el calendario, Unnim será previsiblemente subastada a finales de febrero, y el intervenido Banco de Valencia, en marzo, lo que dará a las entidades adjudicatarias la opción de pedir una prórroga hasta 2013 para acometer el saneamiento adicional de su exposición al ladrillo.
Mientras, la dirección de Novagalicia Banco y los sindicatos retomarán hoy las negociaciones con el objetivo de tratar de consensuar las medidas de ajuste que la entidad quiere aplicar en los próximos meses, que alcanzan un recorte de 50 millones en gasto de personal.
La reunión de hoy, que se celebrará en Santiago a partir de las 11.00 horas, será la primera después de que el pasado 30 de enero la entidad informase a los sindicatos de su propuesta de reducir la plantilla en torno a los 700 trabajadores (entre 250 y 300, de servicios centrales) para ajustar sus gastos de personal.
Además, la entidad gallega pretende disminuciones salariales progresivas, con mayor impacto en las retribuciones más elevadas, y anunció que la red comercial se redimensionará desde sus 332 sucursales actuales hasta alcanzar un tamaño de 222 oficinas (disminución de 110 sucursales), lo que considera que le permitirá “operar en todas las provincias y en las principales ciudades españolas con una mejor estructura de costes”.
La dirección de la entidad explicó a los representantes de los trabajadores las razones que justifican el ajuste laboral, basadas en una “mejora de las ratios de negocio, márgenes y eficiencia”.