Gayoso será juzgado por un perjuicio de 41 millones de euros a Caixanova

El expresidente de Caixanova y de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, el pasado mes de mayo en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera | aec
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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado a seis directivos de la extinta Caixanova, entre ellos el expresidente Julio Fernández Gayoso, por las irregularidades en unas operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid que ocasionaron un perjuicio a la entidad de 41,8 millones de euros.
En un auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, con fecha de este lunes, y con el que la magistrada concluye la instrucción, considera que Fernández Gayoso; el director general, José Luis Pego; el director de la División Comercial Gregorio Gorriarán; el director de la División de Planificación Financiera y Control, Domingo González Mera; el director del Comité de Inversión Irregular, José González Rodríguez, y el de la Unidad de Reestructuración, Isaac Alberto Miguel Lourido, cometieron con estas inversiones el presunto delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social.

Indemnizaciones
Precisamente, la Audiencia Nacional condenó en 2015 a dos años de prisión a Gayoso, Pego y Gorriarán por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar Novacaixagalicia, previendo que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente. En julio de 2017 y dada su avanzada edad –85 años–, Gayoso salió de prisión, donde había ingresado siete meses antes.
En su auto, la magistrada –que en septiembre se incorporará a su plaza recién asignada en la Sala de lo Penal del Supremo– examina las operaciones sospechosas y concluye que la financiera inmobiliaria Proinova SLU y Caixanova resultaron perjudicadas patrimonialmente con una cuantía que asciende a 41.853.839 euros a favor del grupo Copasa.
En el año 2007, Caixanova concedió un préstamo hipotecario a la sociedad Rivas ACI SL –creada para llevar a cabo el proyecto urbanístico y participada por varias mercantiles vinculadas a la caja extinta– por el importe de 67.100.000 euros, pese a que la mercantil aún no había adquirido aún las parcelas y sin hacer ningún tipo de análisis de solvencia de la empresa, ni “distinguir el valor entre las fincas”. Debido a que Rivas ACI no cumplió con sus compromiso de satisfacer la deuda, los directivos de Caixanova decidieron hacer reestructuraciones de las condiciones del préstamo, señala el auto.
Además de analizar todas las operativas, la juez recuerda que el informe de análisis elaborado por PWC calcula esos perjuicios ocasionados a Caixanova en la operación final de compraventa de las parcelas por la financiera Proinova y la siguiente operación de venta de las parcelas a la sociedad Viviendas y Obras Civiles, vinculada a Copasa.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 abrió este procedimiento tras admitir a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción después de que en octubre de 2014 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pusiera en conocimiento una serie de prácticas de la entidad supuestamente irregulares.
Por otro lado, la resolución acuerda el archivo de las actuaciones respecto de 12 personas que se encontraban investigadas, a petición de la Fiscalía, y rechaza las solicitudes de archivo de los investigados. l

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