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miércoles | 24 abril | 2024
Entre 100.000 y 115.000 empleados públicos podrían ser despedidos como consecuencia de la reforma de la Administración local, según estima la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), aunque precisó que estos también podrían ser trasladados a otra Administración local o ver modificadas sus condiciones laborales.
Según publicó eleconomista.es, el presidente del sindicato, Miguel Borra, explicó que el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno recientemente afecta “de manera troncal” a las condiciones laborales de más de medio millón de empleados públicos, “pero lo hace de forma más directa en unos 115.000”.
Las cifras del CSI-F son menos negativas que las del PSOE. El secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Gaspar Zarrías, aseguró el pasado día 9 que la reforma de la Administración local prevista por el Gobierno provocará la pérdida de más de 200.000 empleos públicos, además de suponer “un verdadero desmantelamiento” de los ayuntamientos.
Aunque reconoció aspectos “positivos” en el texto, en líneas generales, CSI-F se mostró en desacuerdo con este proyecto de ley “porque abre la puerta a la privatización de los servicios públicos y pone en riesgo puestos de trabajo”. Por ello, reclamó su negociación “urgente” en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Para la organización, con esta reforma “se está perdiendo la oportunidad histórica para definir la función de la Administración española”. CSI-F apostó por que se establezca un catálogo con las funciones que pueden desarrollar las administraciones y con las que no.
Los funcionarios recuerdan que la ley afecta a medio millón de trabajadores
“En estos años, los ayuntamientos y comunidades se han gastado todo lo que recaudaron con el boom inmobiliario, se han endeudado hasta límites insospechados con los bancos y han dejado de pagar a sus proveedores”, recordó Borra, quien cree que hay que establecer “de una vez” un coto “al arbitrio del político de turno en cuanto a las acciones de las administraciones”.
También subrayó que los servicios sociosanitarios o los de seguridad son “esenciales” para la población, “por lo que no deberían externalizarse, ya que solo las administraciones públicas pueden garantizar su calidad”. CSI-F remarcó su temor ante los posibles despidos que esta reforma del ámbito local podría acarrear, “al igual que una merma de la calidad de los servicios”.
