El Ayuntamiento recibió ayer el oficio de la Fiscalía en el que se comunica el archivo de las diligencias relacionadas con el caso Someso, apenas quince días después de que el propio gobierno local remitiese al Ministerio Público el informe fruto de la investigación realizada por dos funcionarias independientes.
La decisión viene firmada por la fiscal Aranzazu San José González, titular de la sección de delitos medioambientales de la Fiscalía Provincial de A Coruña, a cuyo departamento fue remitido el caso, a pesar de tratarse de una trama de índole urbanística.
sin imputaciones
En los antecedentes de hecho, la fiscal recoge que la documentación fue recibida el pasado 18 de enero, con una carta firmada por el alcalde acompañando el informe jurídico, de fecha 12 de diciembre de 2012, y del propio expediente del 15 de junio.
El segundo párrafo reza, textualmente, lo siguiente: “Examinado el contenido de dichos informes, y la documentación que con ellos se acompañan, se puede comprobar cómo en los mismos no se hace referencia a hechos concretos y no se realiza imputación penal alguna. Más aún, ambos informes concluyen que no ha habido enriquecimiento de ningún funcionario o cargo público (sin que se dé razón alguna de por qué se llega a esta conclusión) y que el perjuicio económico derivado de estas operaciones urbanísticas para el Ayuntamiento se debe, por un lado, al cumplimiento de las resoluciones judiciales de reversión que se han ido dictando por los tribunales competentes y, por otro, a un cúmulo de actuaciones irregulares sin que sea posible individualizar responsabilidades por las mismas, pues, como textualmente se señala en el informe de fecha 15 de junio, las mismas se deben a una mala organización y gestión ineficiente del propio Ayuntamiento, por falta de coordinación entre los diferentes departamentos”.
Ya en los fundamentos de derecho, la fiscal asegura que de los informes “no se deduce que se estén denunciando (...) hechos con relevancia penal alguna”, e incide en que “ni siquiera a nivel administrativo se es capaz de individualizar responsabilidades”.
Ni siquiera avala los informes, ya que “no le corresponde al Ministerio Fiscal dar el visto bueno a ningún informe elaborado por la Administración Local”. Deja, por último, abierta la puerta a que el Ayuntamiento “pueda acudir a la vía jurisdiccional correspondiente” para hacer valer sus pretensiones.
