Condenado a 19 años de cárcel el acusado de matar a un farmacéutico en Ourense

El acusado del crimen atiende durante una de las jornadas del juicio | brais lorenzo (efe)
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La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a 19 años de prisión a un joven acusado de acabar con la vida de un farmacéutico jubilado en Ourense en 2013. El tribunal, según la resolución facilitada ayer por fuentes judiciales, considera a Marius Luca, que ya ha cumplido tres años y medio en reclusión preventiva, autor de los delitos de homicidio, hurto, atentado y daños, además de una falta de lesiones.

La Fiscalía pedía 26 años y medio de prisión, que la acusación particular elevó a 49, para Luca, que tenía 19 años en el momento del crimen. El citado órgano judicial considera que ha quedado acreditado que Luca acabó con la vida de Tomás Milia, de 72 años, al que acuchilló tres veces tras discutir por el precio de una relación sexual.
Frente a la petición de las acusaciones, los magistrados han condenado a Luca a 14 años por un delito de homicidio (la familia de Milia reclamaba queasesinato); un año de prisión por hurto (la Fiscalía calificó los hechos como robo con violencia); un año y seis meses por atentado y dos años y seis meses por daños.

En el escrito remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la sala considera probado que el joven se desplazó a casa de Milia tras haber acordado ambos un servicio sexual a cambio de dinero . “Por motivos que se desconocen”, comenzó entonces una discusión entre ambos y el joven clavó dos veces un arma blanca en el cuello del septuagenario que le produjo la muerte. Además, antes de abandonar la vivienda, el acusado, movido por “ánimo de ilícito enriquecimiento”, se apoderó de una caja que contenía seis relojes de bolsillo valorados en 12.400 euros, regresó al domicilio para trasladar el cadáver hasta la bañera y prendió fuego “con la intención de destruir pruebas”, según la Audiencia.

Denuncia coacción
Durante los cuatro días de la vista oral del juicio, el joven se acogió a su derecho a no declarar salvo en el derecho a la última palabra. El acusado rompió en ese momento su silencio y sugirió que la Policía le había coaccionado y le había dado “una paliza” a fin de que confesase su autoría.

La defensa sostuvo que no “quedaron acreditados” los hechos por lo que pidió su libre absolución y, en caso de condena, una pena mínima por cuatro delitos: diez años por el homicidio, tres meses por hurto (en lugar de un robo con violencia), otros tres meses por desobediencia más una multa por daños causados por incendio. Para ello, se sustentó en la declaración de los peritos forenses y del servicio de biología que descartaron que los cuchillos de los que se incautaron hubiesen sido el arma homicida a raíz de las partículas metálicas halladas en el cuerpo de la víctima, aunque una facultativa que compareció precisó que el arma hallada en el contenedor podría ser “compatible” con las heridas.

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