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sábado | 20 abril | 2024
El extesorero Álvaro Lapuerta, junto al entonces gerente Luis Bárcenas, controlaban todas las adjudicaciones de obra pública en la Comunidad de Madrid, declaró ayer el expresidente madrileño Ignacio González, que sugirió que sus problemas comenzaron al llegar al gobierno regional y no doblegarse a las presiones.
González, que estuvo seis meses en prisión preventiva por el caso “Lezo”, hizo estas explicaciones en su declaración durante dos horas como testigo ante el juez José de la Mata, que investiga los papeles de Bárcenas y la caja B del PP, explicaron fuentes de la acusación en esta causa.
El expresidente madrileño aseguró que le sorprendió mucho que Lapuerta tuviese conocimiento de las concesiones de la comunidad y dijo que dio instrucciones precisas a sus subordinados para que evitasen presiones del extesorero y su gente, entre ellos su entonces segundo Luis Bárcenas, respecto a contratos públicos, según la citada fuente.
Tiranteces
A partir de ahí comenzaron sus tiranteces con Lapuerta, ha relatado el expresidente madrileño en su declaración, que al ser en calidad de testigo le obligaba a responder a todas las partes y decir la verdad.
Precisamente fue también Lapuerta, según la versión de González, quien estaba detrás de las acusaciones acerca del presunto pago de comisiones al expresidente madrileño a cambio de una adjudicación en el municipio madrileño de Arganda del rey, dinero que se dijo que empleó en la compra de un ático en Marbella.
También apuntó que sabía de la existencia de una grabación al expresidente de Degremont Rafael Palencia –imputado en esta causa– en la que este afirmaba que había pagado comisiones al PP y que después le confirmaron que esa cinta había llegado a Génova y que alguien la pudo usar para chantajear a Mariano Rajoy, si bien no señaló quién se lo dijo.
González, que confesó que sus problemas comenzaron cuando llegó a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, afirmótambién que el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir se reunió con Álvaro Lapuerta para concretar el pago de una comisión que, según González, se pagó finalmente desde México y se la quedó el empresario Adrián de la Joya, que también está investigado en el caso de corrupción del Canal de Isabel II.
