Denuncian que un convento de Santiago retenía a tres monjas contra su voluntad

Un juzgado de Santiago, en colaboración con la Policía Nacional, investiga si tres monjas de origen indio eran retenidas contra su voluntad en un convento de clausura de la capital gallega. Fue una monja que había pertenecido a la congregación la que se presentó en dependencias policiales de Madrid el día 7 para denunciar que “varias de sus compañeras querían abandonar” el convento de las Mercedarias de Santiago y que “hasta el momento no lo habían conseguido”.
Los agentes iniciaron entonces una investigación que culminó este sábado, cuando la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, Ana López-Suevos, envió a la Policía al convento para comprobar la veracidad de la denuncia.
La comitiva judicial se personó el sábado en el convento con un auto que le permitió acceder a cinco monjas procedentes de India, de las cuales tres mostraron su voluntad de salir del convento, no así las otras dos. 
En ese momento, la comitiva judicial facilitó su salida, para lo que tuvo que requerir a la congregación los pasaportes de las mujeres. Así, las tres mujeres procedentes de India que deseaban abandonar el recinto no tenían la documentación con ellas y, de hecho, en sus declaraciones mostraron que desconocían su situación documental.
Precisamente, el fondo de la investigación, que como no hay denuncia de las mujeres depende de que siga adelante del posicionamiento de la Fiscalía tras llevarse estas diligencias previas a reparto, radica en si estas mujeres no podían tener acceso a su documentación personal y si sufrían coacciones de algún tipo para no abandonar la clausura.
“Una vez que decidieron irse, hubo que pedir a la congregación los pasaportes”, explicaron las fuentes consultadas. En sus declaraciones, dijeron que conocían el trabajo que la congregación hacía en India, que era una labor social y educativa, y que entendían que “iba a ser igual” en España. Las mujeres llegaron a la congregación compostelana procedentes de India hace unos 15 años, cuando todavía eran menores de edad.
Lo que se desprende de su declaración judicial es que eran advertidas de la posible deportación si abandonaban el convento. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago investiga en qué condiciones y bajo qué motivos fueron deportadas otras dos monjas indias de la misma congregación en el año 2011, a pesar de tener permiso de residencia.
La Fiscalía tiene ahora que valorar “los indicios” para decidir si actúa de oficio en el caso de las tres monjas originarias de India supuestamente retenidas.
Según fuentes jurídicas, las mujeres que fueron monjas de clausura no han presentado denuncia, por lo que dependerá de la actuación de la Fiscalía para que siga adelante.
Por el momento, la fiscal encargada del caso es Aránzazu San José, la misma que actuó en casos como el juicio contra siete ediles del Gobierno local de Santiago cuando Ángel Currás (PP) era el alcalde de la ciudad.
La principal preocupación del Ministerio Fiscal, según dijeron fuentes de esta institución, era garantizarles una lugar de acogida por su situación de vulnerabilidad y “desamparo”. Las mujeres permanecen en un centro de acogida bajo tutela judicial.
Una vez que pase a reparto, la Fiscalía “tiene que decidir si hay o no” indicios de delitos y cuáles serían, y si sigue con la causa y pide la declaración en calidad de investigado (antigua figura del imputado) de alguna persona.
Mientras, la investigación fue recibida por los vecinos compostelanos con una mezcla de “sorpresa” e “incredulidad”. Así lo han transmitido varios vecinos de este convento, mientras que las religiosas, de acuerdo con la obligación que determina la condición de clausura, continúan con sus actividades habituales.