La Marea intentará negociar un nuevo convenio con el ministerio de Interior para la antigua cárcel

El alcalde Xulio Ferreiro confirmó ayer que el Ayuntamiento intentará renegociar el convenio entre la autoridad municipal y el Ministerio de Interior y su entidad dependiente, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), que establece que el Gobierno municipal tendrá que pagar 1,2 millones de euros si quiere recuperar los terrenos de la antigua prisión provincial de Monte Alto.
“Evidentemente intentaremos negociar” aclaró Ferreiro, pero, según afirmó, “nunha negociación hai dous”, y consideró que llegar a un acuerdo sobre la propiedad del edificio puede ser “máis complicado” que convenir una ocupación transitoria del espacio. El alcalde señaló que el Ayuntamiento ya intentó negociar con el Gobierno central para recuperar los terrenos de la cárcel en la época de Francisco Vázquez, “e o acordo ao que chegou foi pagar 1,2 millóns de euros a Interior. Esa foi a negociación que se fixo con Francisco Vázquez. Nós cremos que non estaba ben fundamentada e intentaremos revertir esa situación”.
En paralelo con el proceso de negociación, el Ayuntamiento seguirá intentando anular el convenio por la vía judicial recurriendo al Tribunal Supremo, después de que la Audiencia Nacional desestimase a esa pretensión. “Entendemos que a sentenza non é correcta xurídicamente” afirma Ferreiro, que señala que el Ayuntamiento cedió el terreno  al Gobierno central para que este mantuviera allí una prisión, y que, una vez que la cárcel ha cerrado, debiera revertir en la ciudad “e adicarse ao que entendemos que tería que ser o seu fin, un uso público”.
Mientras continúa el proceso judicial, el Ayuntamiento y el SIEP negocian un convenio que les permita hacer inversiones conjuntas en el edificio de la antigua prisión y destinarlo a un uso práctico, una “solución transitoria mentres non hai unha decisión definitiva xudicial ao asunto, ou unha acordada entre as dúas partes” señala Ferreiro.
La SIEP ya ha remitido al Ayuntamiento una propuesta de convenio para utilizar la cárcel mientras no se llegue a una resolución judicial definitiva sobre la aprobación del convenio.
Para dar uso a la antigua prisión provincial, el Ayuntamiento apuesta por la iniciativa de Proxecto Cárcere, un colectivo con el que se reunió esta semana el concejal de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda, Xiao Varela. Propugnan para la antigua prisión “un proxecto de participación cidadá, crear un proxecto innovador, de creación cultural, autoxestionado”, entiende Ferreiro. Según miembros de este colectivo, Varela les adelantó que podrían empezar a trabajar en las instalaciones en verano. Señalan, eso sí, que hay que reparar las cubiertas.
El alcalde apuesta porque este colectivo utilice el edificio mientras dure el pleito, para “darlle un uso e non ter o edificio apodrecendo dous ou tres anos”. El alcalde cree que por parte de SIEP sí hai “vontade” para llegar a una solución transitoria, pues “a ninguén lle interesa que o edificio siga no estado de abandono no que está”.