El alcalde de Vilasantar, Fernando Pérez, ha sido citado a declarar en calidad de imputado en el juzgado de Betanzos. La solicitud de comparecencia responde a una querella criminal presentada por el BNG. La denuncia por supuesta prevaricación cursada por los nacionalistas ha sido admitida a trámite, según informó la portavoz de la formación frentista, Manuela García Freire.
El proceso tiene su origen el 24 de febrero de 2010, cuando García Freire, entonces alcaldesa, tuvo conocimiento “do pago dunha suma de diñeiro que o aparellador municipal lle solicitou a unha empresa en concepto de honorarios por dirección de obra, un importe equivalente ao 4% do orzamento da citada obra”, explicó, en rueda de prensa, Freire.
En ese mismo momento, la ex primera edil solicitó a la Intervención Municipal un informe sobre la legalidad de los hechos denunciados y, analizado este, acordó incoar diligencias informativas sobre la denuncia verbal contra el trabajador municipal presentada por la empresa constructora Lemos Martínez.
“Falta Moi Grave”
En diciembre del mismo año, el secretario dictó una propuesta de resolución en la que consta que el técnico denunciado “percibiu de forma habitual unha porcentaxe sobre o total do importe das obras en concepto de honorarios por dirección de obra, sen que conste ningún acto ou acordo que autorizase dita actuación”. Por ello, podría considerarse de partida “unha falta moi grave”, recordó García.
Una vez tramitado el expediente disciplinario, “xusto no momento en que só restaba a resolución definitiva”, se produjo el cambio de gobierno, y Pérez asumió la Alcaldía de Vilasantar.
El BNG entiende que el actual primer edil “provocou a caducidade do expediente e negouse a informar ao pleno sobre a situación do caso” con el objetivo de “protexer un familiar seu”, pues el aparajedor es tío de Pérez.
Explicación del Regidor
El regidor remitió ayer un comunicado para defender su actuación y relacionar las acusaciones de los nacionalistas con “una venganza por haber desmontado la red clientelar montada por el BNG en el Ayuntamiento”.
Fernando Pérez Fernández señala que la caducidad del expediente “está confirmada por el infiorme de la Secretaría Municipal de Vilasantar”.
