Las instituciones imponen duros ajustes a Grecia a cambio del rescate

Grecia y sus acreedores han pactado ajustes duros y rigurosas reformas en el tercer rescate al país en cuestiones tan sensibles como las pensiones, exenciones a agricultores y privatizaciones, pero a la vez persiguen darle al programa una dimensión social.
El memorando de entendimiento que finalizaron el martes Atenas y la cuádriga de instituciones fija las medidas que tendrá que tomar el Gobierno heleno a cambio de hasta 86.000 millones de la eurozona hasta 2018. El memorando incluye medidas que son importantes para el primer ministro, Alexis Tsipras, en cuanto a la justicia social, y por ello Atenas adoptará en marzo medidas para apoyar la creación de puestos de trabajo para 150.000 personas junto con políticas activas de empleo.
Ya este septiembre detallará los preparativos para la introducción de un salario mínimo garantizado a partir de abril de 2016 y también el próximo año preparará un plan de acción educativa.
Además, para fomentar la recuperación y la competitividad, Grecia podrá contar con fondos europeos por 35.000 millones de euros. No obstante, Grecia tendrá que hacer importantes ajustes de entre el 4 y el 5% del PIB.
Los acreedores de Grecia exigen al país alcanzar unos superávit primarios del 0,5% del PIB en 2016, del 1,75% en 2017 y del 3,5% en 2018, y ya en octubre Atenas debe legislar medidas estructurales de al menos un 0,75% del PIB para 2017 y un 0,25% en 2018. Si los números son finalmente mejores de lo previsto, deberá transferir al menos un 30% del sobrante a la cuenta destinada a la reducción de la deuda. Otro 30% sería utilizado para pagar “obligaciones gubernamentales financieras vinculadas al pasado”.
Muchas medidas las tendrá que acometer Atenas de manera inmediata, y otras sobre todo en otoño. En la reforma tributaria y la lucha contra el fraude, además de la reforma del IVA ya legislada en julio, Grecia se compromete a no introducir nuevas amnistías o aplazamientos para los pagos a los deudores que no cumplen a tiempo sus obligaciones, y publicará una lista de morosos de pagos adeudados durante más de tres meses. Asimismo, elaborará hasta noviembre un plan integral de lucha contra el fraude fiscal.
En lo relativo a las pensiones, el documento establece la eliminación progresiva de la jubilación anticipada, con el objetivo fijarla a los 67 años en 2022.
Respecto a los hospitales y la sanidad pública, el texto hace referencia a medidas que persiguen el abaratamiento de costes en los medicamentos para el consumidor y deja a voluntad del Ejecutivo la aplicación de la tasa de cinco euros por visita médica, que en caso de ser descartada deberá ser sustituida por una medida equivalente.
Por otro lado, los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro, el Eurogrupo, se reunirán mañana en Bruselas para realizar un análisis del tercer rescate a Grecia.