La Xunta admite su disgusto por que la Fundación Franco gestione Meirás

El pazo abrió en 2011 por primera vez después de cuatro años e batallas en los tribunales con los Franco| ARchivo ec
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A la Xunta le incomoda que la Fundación Franco se encargue de las visitas al Pazo de Meirás. El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, reconoció que al Gobierno de Feijóo “no le gusta” que esta organización se ocupe de la gestión de los accesos, si bien incidió en que la autonomía “no tiene competencias” para decidir si las declaraciones y los actos de la organización incumplen la normativa vigente en España.
En cualquier caso, Rodríguez indicó que la Xunta “no descarta tomar medidas” si la FNFF comete acciones contrarias a la ley, pero que son los órganos judiciales los que se deben ocupar de su cumplimiento, y también en Meirás. El conselleiro contestó así a los medios de comunicación que se interesaron por su postura en este asunto durante la presentación de la caminata “Monumenta. Andar con Arte”, en la que también aclaró que “les gustaría que fuese otro organismo” el que gestionase las visitas al Bien de Interés Cultural que es el Pazo de Meirás. “Obviamente, no se puede consentir ningún tipo de comportamiento que vaya en contra de la ley o que practique cualquier tipo de apología del fascismo o del terrorismo”, declaró Román Rodríguez, que puso en valor que esta es una sociedad donde, “afortunadamente, todos tienen derechos y obligaciones”, apostilló el titular de Cultura y Educación.
Para Rodríguez debe ser la Justicia quien determine si son ilegales las declaraciones del portavoz de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso, en las que aseguraba que el dictador “no fusilaba a gente” y que usarían los recorridos por Meirás para hablar sobre la “grandeza de Franco”.
El representante autonómico apuntó no obstante a que si la Xunta, “igual que cualquier ciudadano o cualquier administración, tiene constancia de que hay cualquier declaración o actitud en contra de la ley”, “su deber” es informar a la justicia para que este órgano actúe, antes de reiterar que “hicieron todo lo que tenían que hacer en su momento” con respecto a la declaración BIC. l

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