Los okupas de la Comandancia de Obras advierten de que existe un riesgo de desalojo “inmediato”

El próximo mes verá el final del Centro Social Okupado (CSO) A Insumisa. Eso es lo que temen los okupas de la Comandancia de Obras, que consideran que existe un “risco de desaloxo inmediato” después de que el jueves el Ministerio de Fomento adjudicara el concurso de los trabajos de reforma a una empresa. Para el comienzo de las obras, para las que existe un presupuesto de 1.300.000 euros, se marca el plazo legal de un mes, y los okupas se negaron a una salida dialogada con el Gobierno local. Solo queda el desalojo forzoso.
Eso era lo que el Ayuntamiento había tratado de evitar celebrando la reunión del jueves pasado en el centro cívico de la Ciudad Vieja. En realidad, el Gobierno de la Marea Atlántica simpatiza bastante con el movimiento okupa y, como había señalado el concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela (hay que señalar que el propio Varela fue okupa en su época), había “posto o corpo” por ellos ante la oposición, a pesar de las críticas que había suscitado ese posicionamiento. Al mismo tiempo, habían tratado de entablar negociaciones con la asamblea del CSO, sin éxito.
El jueves, Varela y la concejala de Participación Ciudadana, Claudia Delso, presentaron el proyecto de las Naves de Metrosidero, un centro de actividades urbanas, pensadas para un público predominantemente juvenil que podría practicar allí skate, parkour u otros. Algo parecido a lo que hacen ya los okupas, que lo tachan de excusa para poder poner en marcha “a represión que sufriremos”.
 

Motivos políticos
Durante esa reunión abierta a la ciudadanía, varias personas que se presentaron como usuarias del CSO plantearon a los dos concejales si estaban dispuestos a desalojar por la fuerza a los okupas. Los ediles de la Marea Atlántica eludieron entonces responder de forma tajante. Delso señaló que precisamente para evitar el desalojo era para lo que habían convocado la reunión: el Ayuntamiento está dispuesto a que los contenidos de Naves de Metrosidero sean determinados por una asamblea, pero las razones que expuso no convencieron a los okupas por motivos políticos.
Los antisistema señalan que además de actividades culturales o deportivas en las viejas instalaciones militares también se celebran otras de “corte político, co fin de acadar unha transformación social na cidade”. Además, aseguran que su proyecto no necesita del dinero o la intervención de ningún organismo público, ni el Ayuntamiento ni el Gobierno central. Para los okupas, la tutela pública supondría renunciar a su autonomía política y someterse a la censura mediante “chantaxes económicas na forma das subvencións das que depende a supervivencia dos espazos”.
Por lo demás, los okupas señalan que licitación de las obras permaneció paralizada durante mucho tiempo, pero que se desbloqueó poco después de que allanaran el recinto (en noviembre del año pasado).
 

Propiedad municipal
Desde el Gobierno de la Marea Atlántica consideran que su proyecto permitirá que esas instalaciones se dediquen al mismo uso al que lo destinaron los okupas y permitiría que la propiedad del solar, que todavía es de Defensa, pasara a ser municipal. Advierten de que, de no realizarse las obras, el Gobierno central podría recuperar el terreno.
De ser así, alertan, el Ministerio de Defensa no tendría tantas dudas a la hora de decidir el desalojo pero para los okupas está claro, y su grito de guerra, que ya dejaron oír durante la reunión, es “A Insumisa non se merca!”