Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha formalizado hoy en el Parlamento una fórmula para disolver la corporación local de Santiago y convocar elecciones para solventar la situación política del municipio tras las imputaciones en la operación Pokemon y su derivada, la operación Manga.
Precisamente, tanto el portavoz del BNG en la Cámara autonómica, Francisco Jorquera, como la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, han recitado esta mañana, en la sesión de control del Parlamento, la lista de imputados del PP en Santiago por distintos casos, entre ellos el exalcalde Gerardo Conde Roa, que lleva tres imputaciones; y su sucesor, Angel Currás, doblemente imputado, además de concejales, jefes de gabinete y asesores.
Ambos han pedido la disolución de la corporación municipal y la celebración de elecciones porque, han coincidido, decir que lo que ocurre en Santiago "no es normal", como esgrimió la pasada semana Núñez Feijóo, "no es suficiente".
Alternativa Galega de Esquerda ya formalizó esta reclamación, al registrar en la Cámara una proposición no de ley que insta a la Xunta a que solicite del Consejo de Ministros la disolución de los órganos de la corporación local del Ayuntamiento y, en función de lo que dicta la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), se convoquen comicios.
En su argumentación para reclamar las elecciones, AGE sostiene que las recientes pesquisas de las llamadas operación Pokemon y Manga, derivada de la primera, ambas investigaciones sobre presuntas tramas de concesiones irregulares, conllevaron una serie de registros en domicilios particulares y en las dependencias del Ayuntamiento y la detención de personal relevante vinculado con el equipo popular del Consistorio.
Estas detenciones se produjeron bajo "acusaciones muy graves que hablan, en términos generales, de la existencia de tramas corruptas en el Ayuntamiento de Compostela", alega.
La iniciativa de AGE coincide con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en que la situación "no sólo no es normal", sino que también "es escandalosa".
Finalmente, insiste en que la situación "de parálisis, de desconfianza, de ingobernabilidad exige, no disculpas; sino asumir responsabilidades políticas y, por oxigenación democrática, para no dañar más la credibilidad de una institución democrática como es el Ayuntamiento de Santiago, es preciso que la ciudadanía se pronuncie sobre el Gobierno de la ciudad".
