La acusada de estafar a ancianos alega que les cobraba por “una vida digna”

los acusados, un matrimonio y su hijo, se enfrentan a cerca de cinco aã±os de cã¡rcel susy suã¡rez
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“¿Acaso es delito que una persona, por ser mayor, pueda decidir?”. La directora de dos residencias de mayores de Outes acusada, junto a su marido y su hijo, de haber convencido a seis de los usuarios para que, bien a través de ventas o de cesiones, le entragaran fincas y viviendas que tenían en propiedad negó ayer la estafa que desde ayer sienta a la familia en el banquillo de la Audiencia Provincial.

Niega haber inducido a los usuarios de sus geriátricos a pagar con fincas o viviendas

“A mí no me interesaba recibir fincas, no eran cosas de valor, pero había unos servicios que había que pagar (...) Atendemos todas sus necesidades, manutención, limpieza, médicos, ropa, medicamentos... Todo lo que necesita un anciano para tener una vida digna”, manifestó la mujer para contrarrestar la versión de la Fiscalía, que la culpa, a ella y a sus dos familiares, de haberse agenciado un patrimonio cercano a los 350.000 euros con transacciones realizadas con aprovechamiento de la debilidad mental de las víctimas.

En esa convicción, la acusación pública pide para ellos penas de cuatro años y nueve meses de cárcel, al entender que trabajaron mano a mano para lucrarse a costa de los ancianos, personas de avanzada edad o, en algunos casos, analfabetas, para despojarlos de sus bienes.

Contra esta tesis, los tres defendieron ayer la gestión de las dos viviendas comunitarias, sin negar que en ocasiones cobraron con bienes inmuebles los cuidados de los usuarios. “Mis servicios cuestan caros, porque vivir en el centro es vivir muy bien”, subrayó la procesada, que según admite era, como directora, quien llevaba el peso del negocio. Sobre su marido, afirma que se encargaba de las “chapuzas” y en cuanto a su hijo, hacía, según sus palabras, de “recadero”, al estar incapacitado para el trabajo por una patología mental.

 

herederos

A lo largo de esta semana testificarán ante el tribunal los familiares y herederos de varios usuarios que entregaron tierras, casas o la pensión a los dueños de los dos centros. Entre tanto, la explicación que da la directora es similar para todos los casos: los ancianos decidieron usar sus propiedades para pagar su estancia en el centro cuando el dinero de la cuenta se les acabó o sus familiares no quisieron ocuparse de la manutención. “Querían arreglar su vida con lo que tenían”, señaló en relación a uno de los matrimonios, y respecto a otra de las usuarias comentó: “Como buena gallega, quería pagar sus deudas”.

Contra lo que opina la Fiscalía, la acusada niega haber influido –ella o sus parientes– en la decisión de los ancianos y recuerda que, algunas veces, llegó a acordar con ellos encargarse de sus entierros. “Estaban desesperados por estar atendidos”, dijo, en alusión a un matrimonio, del que llegó a recordar que tras su fallecimiento fue enterrado en el panteón de su fasmilia. Lo mismo que otra pareja de residentes, con la que se negoció la atención hasta su muerte a cambio de algunas de sus propiedades: “En Nochebuena, Fin de Año y muchas noches más yo los sentaba en mi mesa, con todo el cariño que su familia no podía darles”.

En otro de los casos llevados a juicio , la usuaria –que todavía vive– hizo incluso testamento en favor de los dueños de la residencia. “Pero es que esta señora vive conmigo, en mi casa privada”, matizó la gerente.

 

La acusada de estafar a ancianos alega que les cobraba por “una vida digna”