Los sindicatos representados en el comité de huelga de los funcionarios judiciales, en paro indefinido desde el 7 de febrero, confían en que Santiago albergará hoy una manifestación “masiva” y llaman a acudir “de luto” por la “muerte” de la justicia en la comunidad.
“Por iniciativa de los trabajadores, todas las pandereteras de la justicia, llevad vuestras panderetas”, apelan los sindicatos, quienes contrataron varios autobuses en las distintas ciudades gallegas y esperan que “miles” de personas recorran las calles de la capital gallega en solidaridad con las demandas de un colectivo de 2.700 funcionarios.
La manifestación saldrá a las 12.00 horas de la Alameda y los convocantes piden “un esfuerzo” de movilización, “ahora más que nunca”, tras el “retroceso” en las negociaciones con la Xunta, y las “reiteradas mentiras, engaños y desprecios hacia la ciudadanía en general, y los funcionarios judiciales en particular”.
La manifestación se produce en un momento en el que las posturas de las partes parecen más lejanas que nunca y el conflicto está enquistado, toda vez que esta semana se produjo una nueva ruptura de las negociaciones.
Tras dos días de largas reuniones, los sindicatos se levantaron al considerar que la Xunta no tiene “voluntad real” de negociar. Afirmaron que no se volverán a sentar con el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, quien encabeza la delegación del Gobierno.
Demandas concedidas
La Xunta no parece dispuesta a ceder a sus pretensiones y afirma que su última propuesta sigue sobre la mesa. En ella, Rueda defendió que se accede “a lo que querían los sindicatos” en las demandas relativas a consolidación de empleo, amortización de plazas y sustitución de compañeros de rango superior.
En cuanto a las bajas por incapacidad temporal (IT) y la discriminación que denuncia el comité de huelga por los descuentos, se compromete a trasladar las condiciones “más ventajosas” que se acuerden en Madrid, para trabajadores de justicia y “el resto de empleados públicos gallegos”.
Sobre la oferta económica, que parece inamovible, se traduce en una subida del complemento autonómico transitorio de entre 816 y 1.080 euros al año.
