Ven “improbable” que el informe final sobre el Popular obligue a compensar a los accionistas

La consultora Deloitte está elaborando un informe sobre el Popular | aec
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La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, Elke Konig, consideró ayer “altamente improbable” que el informe final sobre la resolución del Banco Popular obligue al organismo que dirige a compensar a sus accionistas y bonistas.

La consultora Deloitte está elaborando un informe para determinar si los accionistas y bonistas que perdieron toda su inversión con la resolución del banco por parte de la JUR en junio de 2017 hubieran recibido un trato más favorable si se hubiera declarado la insolvencia de la entidad mediante la legislación nacional. En este caso, correspondería al Fondo Único de Resolución (FUR) asumir la compensación a los tenedores de deuda, un escenario que Konig ve “altamente improbable”, si bien precisó que la consultora que elabora el informe es “independiente”.

“Es un mecanismo de compensación en caso de que una insolvencia hubiese proporcionado un resultado mejor que la decisión de resolución, que creo que sería muy improbable”, dijo Konig.


La JUR cree que este informe final, que incluirá una estimación de lo que habrían perdido y recuperado los inversores en caso de que el banco hubiese sido liquidado en lugar de resuelto, podría ver la luz en “meses o semanas”.

Por otro lado, la firma auditora PwC ha recurrido la decisión adoptada el pasado 26 de marzo por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que declaró compleja la investigación sobre la liquidación del Banco Popular, cuya instrucción queda así ampliada hasta el 3 de abril de 2019.

A comienzos del pasado octubre, el juez Andreu admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, Pedro Barrio, que también ha presentado un recurso de reforma por este motivo, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El recurso de PwC cuestiona que las fechas que el magistrado ha tenido en cuenta para declarar compleja la investigación sobre el Popular sean correctas.

En su auto, Andreu afirmaba que el plazo de seis meses necesario para declarar la causa compleja computaba “desde el 3 de octubre de 2017, fecha de iniciación del procedimiento”, pero la auditora PwC considera que esa fecha corresponde al momento de admisión a trámite de la querella, pero no de la incoación de las diligencias previas, que según sus cálculos tuvieron lugar el 19 de junio de 2017.

Así, según PwC, habrían transcurrido más de seis meses entre junio de 2017 y marzo de 2018, momento en el que Andreu declaró la causa compleja.

Ven “improbable” que el informe final sobre el Popular obligue a compensar a los accionistas