La familia Franco y su fundación denuncian a los 19 participantes en el asalto simbólico al pazo de Meirás

La Fundación Francisco Franco y la familia del dictador han denunciado a las 19 personas participantes en la toma simbólica del pazo de Meirás llevada a cabo en agosto de 2017 por presuntos delitos de violación de morada, contra el honor con publicidad, daños y odio.
Según reveló ayer en conferencia de prensa el colectivo de personas denunciadas, las penas por estos presuntos delitos sumarían “un mínimo” de 13 años de prisión para cada uno de ellos.
A esas penas de cárcel se sumaría una multa por más de medio millón de euros que deberían abonar los 19 militantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y activistas que participaron en este asalto pacífico para reclamar la devolución de la propiedad pública de este inmueble, junto con otros bienes en manos de los herederos del dictador como la Casa Cornide o las estatuas del Mestre Mateo.
Los denunciados defienden que sus actos no pueden constituir delito de violación de morada porque se produjeron “nun día previsto como visita” y en un edificio abierto al público, además de insistir en que “non houbo ningún tipo de violencia”. De igual forma, consideran “como mínimo irónico que unha Fundación que fai apoloxía do fascismo e da ditadura acuse a persoas demócratas dun delito de odio e de atentado á honra”.

Implicados 
En los hechos en torno a la toma simbólica de Meirás están implicados varios cargos representativos del BNG e incluso cargos de responsabilidad dentro de su estructura organizativa, como el portavoz municipal en Santiago de Compostela, Rubén Cela, y el coordinador de Organización, Bieito Lobeira. También representantes locales, como Silvia Seixas (Arteixo), manifestaban ayer ser una de las personas denunciadas, a falta de recibir la notificación.
El secretario general de la UPG, Néstor Rego, ejerció la portavocía del grupo e insistió en que “as acusacións carecen de fundamento” y que el acto reivindicativo se enmarca “dentro do exercizo democrático da liberdade de expresión”.
“Rescatar o pazo de Meirás, a Casa de Cornide e as estatuas do Pórtico de la Gloria é unha ineludible esixencia democrática e unha maneira de facer xustiza ás vítimas directas do expolio e á totalidade de vítimas do franquismo”, añadió, además de resaltar que “tamén é unha forma de restituir a memoria democrática e a dignidade colectiva”.
La comparecencia terminó con una petición de apoyo a todas las personas, colectivos e instituciones que quieran sumarse a la causa y consideren “inxusta e inadmisible” la acusación.
Una de las primeras muestras de solidaridad llegó a cargo de la eurodiputada del BNG, Ana Mirada, que, mediante un comunicado, trasladó su apoyo a los 19 involucrados y coincidió en tachar de “inadmisible” la denuncia y la demanda de penas de prisión.
Falta de actuación 
El diputado del BNG Luís Bará acusó a la Xunta de ser un “testaferro político” del régimen franquista por “non actuar” y “ocultar” información y documentación sobre el pazo sadense. Y es que el grupo de los nacionalistas en la Cámara, según Bará, presentó una solicitud al Gobierno gallego el 19 de septiembre del pasado año en la que pedía los expedientes informativos y sancionadores tramitados por la Xunta por incumplimiento del régimen de visitas al pazo de Meirás por parte de la familia del dictador.