Condenan a casi 5 años a dos miembros de mayor trama de fraude fiscal

El Juzgado de lo Penal 2 de Vigo ha condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel a dos de los cuatro hermanos Costas Estévez, administradores del grupo empresarial Cinco Jotas, considerado el epicentro de la mayor trama de fraude fiscal en Galicia, en el primero de los tres juicios celebrados hasta la fecha.
El tribunal los considera autores de tres delitos contra la Hacienda Pública y uno continuado de falsedad en documento mercantil, y por ello les impone, además de las penas de prisión, sendas multas de 575.200 euros, mientras que absuelve a los otros dos hermanos encausados.
Asimismo, condena al empresario José María C.L., cuya compañía es una de las muchas que, supuestamente, recibieron facturas falsas emitidas desde Cinco Jotas, a un año y medio de cárcel por idénticos delitos y le impone una sanción económica de 374.938 euros, equivalentes a un 65% de las cuotas defraudadas.
Durante la fase de instrucción, este empresario satisfizo las responsabilidades civiles derivadas de estos actos ilícitos e incluso antes de la formalización judicial de las denuncias por parte de Hacienda presentó un escrito en el que asumía la responsabilidad de los hechos.
El tribunal considera probado que para reducir la cuantía de las obligaciones tributarias de las sociedades de José María C.L.
mediante un aumento ficticio de gastos deducibles, en 2006 concertó con el responsable de las Cinco Jotas la entrega de facturas ficticias, algo de lo que estaba al tanto el otro hermano condenado.
Esas facturas salieron de diferentes empresas del entramado empresarial de las Cinco Jotas y de trabajadores dependientes del grupo que trabajaban como autónomos.
En este juicio y el segundo -de un total de más de 20 piezas separadas en que se ha desgajado la macrocausa contra la mayor trama de fraude fiscal en la comunidad, con unos 400 imputados-, el responsable de las Cinco Jotas aludió a que algunas facturas falsas se emitieron para "pagar favores" a políticos por parte de empresas interesadas en realizar obras públicas.
Por este motivo, ha sido llamado a declarar el próximo 14 de noviembre en el Juzgado de Instrucción 6 de Vigo.