Buscan fecha para juzgar al exalcalde de Alcaucín, al que piden 226 años

El que fuera alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, el día de su detención, el pasado mes de febrero. EFE/Archivo
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La Audiencia de Málaga busca fecha para un macrojuicio en el que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado más de 226 años de prisión para el exalcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín Alba, por numerosos delitos en el caso Arcos contra la corrupción urbanística, en el que acusa a otras 48 personas.

Por turno de reparto este mes le ha tocado a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga enjuiciar el caso Arcos, que ahora busca fecha entre los juicios ordinarios para compaginar una vista oral que podría durar más de un año.

La Fiscalía acusa al exalcalde - que dejó el PSOE tras su detención en la causa y es concejal independiente - de los delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

Por este procedimiento Manuel Martín Alba se enfrenta a penas que superan los 226 años de prisión y los 700 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Por su parte, para el que fuera jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, el fiscal solicita un total de 111 años de prisión por los delitos de falsedad, estafa, falsificación, cohecho, ordenación del territorio y falsedad en documento oficial.

El procedimiento denominado Arcos, que se ha centrado en varias tramas de corrupción urbanística que durante la última década operaron en Alcaucín, dio lugar a la imputación de más de 70 personas y su fase de instrucción se cerró en junio pasado tras generar actuaciones que ocupan casi 50.000 folios.

La acusación se dirige contra 27 empresarios de la promoción urbanística, el exalcalde y dos familiares, seis funcionarios municipales o de la Diputación de Málaga, siete arquitectos, cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.

Anticorrupción describe hechos ocurridos de 1999 al 2010 que califica como 90 delitos de falsedad ideológica -en algunos casos se manipulan firmas, sellos y textos- "cometidos por una autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento, la Diputación o el Catastro Inmobiliario, con frecuencia inducidos por promotores beneficiados o sus representantes".

También señala delitos de falsedad en documento oficial o por imprudencia grave y 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al exalcalde por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes.

Igualmente califica 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales y otros de cohecho, fraude, malversación, estafa, estafa procesal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, actividades prohibidas a funcionarios y de intrusismo profesional.

La Fiscalía señala que "tan prolongada actividad delictiva se sitúa en los años del auge urbanístico, que en el caso de Alcaucín se tradujo en una creciente demanda de nuevas viviendas, impulsada por multitud de residentes extranjeros deseosos de establecerse en la Axarquía, lo cual desbordó la previsión de suelo urbanizable".

Añade que eso hizo que "se multiplicaran las infracciones urbanísticas" y que "el Ayuntamiento no sólo hiciera dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que tratara de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable".

Anticorrupción considera que "se aprovecharon fallos del sistema" y destaca "numerosos informes técnicos emanados sin ningún control de la Diputación Provincial para encubrir las infracciones urbanísticas de mayor importancia" y "la frecuente manipulación del Catastro Inmobiliario, gracias a la colaboración de funcionarios".

Buscan fecha para juzgar al exalcalde de Alcaucín, al que piden 226 años