Detienen a tres personas en Lalín acusadas de fraude en unos cursos de formación

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La Guardia Civil detuvo a tres personas por supuesto fraude y falsedad documental en cursos de formación en la empresa Prosem Consultoral Estratégica de Lalín.
Los socios de la empresa, Carlos y José Antonio López Alvarellos, y la esposa del segundo, Sira Covelos Núñez, fueron arrestados en la mañana de ayer acusados de los delitos de estafa y falsedad en documento público.Tras detenerles y tomarles declaración, la Guardia Civil les dejó en libertad con cargos a la espera de que les llame el juzgado.
Las detenciones llegan tras el registro de la sede de la empresa, de las que los arrestados son responsables jurídicos y los investigadores sospechan que trabajaban en connivencia con empresas multidisciplinares que actuaban por toda Galicia.
El instituto armado, en coordinación con el juzgado de Instrucción número 1 de Lalín, confía en efectuar más detenciones tras analizar la documentación requisada en el registro, doce ordenadores, dos discos duros, un servidor y numerosa documentación.
El lunes pasado la Policía Judicial de la Guardia Civil y la secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Lalín realizaron un registro de más de tres horas en la sede de la empresa Prosem en la localidad pontevedresa de Pontevedra y ayer, fruto de esa inspección, se decidió la detención de los tres investigados, según informó el diario “El Mundo” en su página web.
La operación “Qatedra” es una investigación conjunta de la Agencia Tributaria coordinada por el Juzgado número 1 de Lalín que cobró forma en marzo de este año, si bien tiene su origen en una inspección de 2013 y en facturas presuntamente falsificadas en 2010.
Los tres detenidos presuntamente cometieron los delitos de falsedad en documento mercantil y fraude en relación con los cursos de formación subvencionados que se realizaban en connivencia con empresas multidisciplinares que operaban en toda la comunidad gallega.
 La investigación comenzó en el mes de marzo y, según la Guardia Civil, en el transcurso se “ha podido confirmar” la supuesta responsabilidad penal que “tendrían numerosas empresas de todo tipo de sectores de las cuatro provincias gallegas, que serian las beneficiarias del fraude de las subvenciones”.

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