Chaves pide su absolución en los ERE alegando desconocer las supuestas irregularidades

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves solicitó su libre absolución dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos porque “ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas” a la concesión de ayudas sociolaborales.
En su escrito de defensa, el abogado de Chaves, Pablo Jiménez de Parga, añadió que lo anterior es así “porque nadie le advirtió de ello” y el interventor general de la Junta “tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación”.
Manuel Chaves, en su condición de presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, “desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas sociolaborales, así como las ayudas concedidas en cualquier otro ámbito, al no ser esta su función” como presidente de la Junta, aseguró el letrado. En este sentido, cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicitó para Manuel Chaves diez años de inhabilitación especial por un presunto delito de prevaricación continuada, frente a lo cual la defensa de Chaves mostró su “absoluta disconformidad” y negó los hechos atribuidos tanto por el Ministerio Público como por el resto de acusaciones presentes en el proceso.
El letrado del expresidente señala que, durante los sucesivos mandatos en los que ostentó el cargo de presidente, suscribió hasta seis acuerdos de Concertación Social entre la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y las organizaciones sindicales, en todos los cuales “se fijaba como prioridad política, compartida por todos los agentes sociales, garantizar la cohesión social en Andalucía”.
Ello implicaba, según expone el abogado de Chaves, “la necesidad” de atender a los trabajadores de empresas en crisis mediante distintas ayudas sociolaborales “en casos de procesos de reestructuración empresarial o de reconversión, especialmente significativos en algunos sectores de actividad industrial”.
Jiménez de Parga agregó que esta política se trasladó a los Planes Económicos que fueron aprobados por el Parlamento de Andalucía, en especial el Plan Económico Andalucía Horizonte 2000 (1998-2000) y el Plan Económico Andalucía Siglo XXI (2002-2005), ambos aprobados por el Pleno del Parlamento. También añadió que, esta política se recogió en las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este escrito fue elevado ayer al Juzgado que lleva el caso.