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sábado | 20 abril | 2024
El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, le reclamó ayer al Gobierno central la financiación que le debe a Galicia por un importe aproximado de 700 millones de euros procedente de distintas cuentas pendientes.
Puy se pronunció así en el marco de su exposición de los asuntos que prevé que hoy la junta de portavoces del Legislativo gallego incluya en el orden del día del próximo pleno, entre los que se cuentan dos leyes: una sobre la administración digital de Galicia y otra sobre la transferencia de las competencias de tráfico.
La polémica surgió al tratar esta segunda proposición de ley, que pide al Estado el traspaso de estas prerrogativas y de los fondos necesarios para cumplirlas, y cuyo dictamen fue aprobado en comisión sin el voto afirmativo del PPdeG, que se abstuvo para no bloquear su tramitación.
Cuestiones más urgentes
Esta decisión, explicó ayer Puy, se debe a que, aunque no se oponen a adquirir nuevas competencias, “tanto el Gobierno gallego como el grupo parlamentario popular entienden que hay cuestiones más urgentes y más relevantes en el ámbito de la relación entre la comunidad y la Administración General del Estado”.
Especialmente, recalcó el portavoz del PPdeG, en el ámbito financiero, donde el Estado adeuda 330 millones de euros de las entregas a cuentas notificadas por el Ministerio en 2018 y que no han sido transferidas, además de 200 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA de 2017 y 90 millones en cada uno de los dos últimos ejercicios como prima a las autonomías cumplidoras con los objetivos del déficit.
Esta cuestión, insistió Puy, es “muy prioritaria con relación a cualquier otra”, ya que, mientras que las leyes que se remiten al Congreso tienen un “plazo de espera muy largo”, estas deudas “pueden generar un claro problema de tesorería” en la hacienda gallega y retrasar los pagos a proveedores. Y es que, además de los 530 millones ya mencionados, y en la misma línea reivindicativa que el Gobierno gallego, Puy mencionó los 170 millones incluidos en los Presupuestos de 2018 de Mariano Rajoy por cumplir los objetivos de déficit.
Es por ello que, aunque han admitido que se tramite la mencionada ley de tráfico, han preferido anteponer este asunto, junto con otros temas también prioritarios, como la aprobación de un estatuto del consumidor electrointensivo o la transferencia de la AP-9.
Del mismo modo, Puy, ante las críticas proferidas desde la oposición, salió a defender la ley de impulso demográfico que ultima el Gobierno gallego, de la cual dijo que trata una “cuestión que afecta a todo el mundo occidental” y lo hace de una forma novedosa, ya que sería la primera ley de este tipo que se aprobase, por lo que decir que es un proyecto “poco ambicioso”, a su juicio, “no es una crítica muy acertada”.
Por otro lado, Puy afirmó que la Xunta cuenta con un plan de prevención y defensa contra los incendios (Pladiga) que “mejora y va año a año mejorando los medios a disposición de las administraciones públicas”. Destacó alguna de las “novedades” incluidas este año, como el “alargamiento de los contratos” del personal fijo a discontinuo de 4 a 5 meses conforme la mayor duración de la campaña de alto riesgo.
Mientras, el PSdeG pidió más “profesionalización” de los grupos contra incendios y BNG cree que la Xunta “no está a la altura”.
