El Gobierno interviene las cuentas catalanas para evitar que se desvíe dinero al 1-O

El Gobierno intervino las cuentas de la Generalitat al asumir el pago de los servicios esenciales en Cataluña y dio 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto que garantice que no se desvíen fondos al 1-O.
El Gobierno aprobó ayer un mecanismo de control de pagos para Cataluña, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, definió como “novedoso” y que,  anunció, explicará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso.
Además de comprometerse a no disponer de las partidas presupuestarias no destinadas a los servicios esenciales –nóminas, sanidad, educación y servicios sociales– Puigdemont deberá acreditar los pagos pendientes de la Generalitat y certificar que no van destinados al referéndum.

Sustitución en los pagos
“El Estado sustituye en los pagos a la comunidad, no completamente, pero sí en la mayoría de pagos esenciales”, dijo Montoro quien especificó que el Gobierno pagará directamente “todos los servicios públicos fundamentales”, incluidas las nóminas de los funcionarios que los presten.
De esta manera, el Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes.
Montoro dijo que esta medida de control de pagos se prolongará durante el tiempo que dure la “situación de excepcionalidad” que provocaron los dirigentes de la Generalitat con la convocatoria de un referéndum ilegal y mientras éstos “se sigan negando a cumplir la ley”.
“No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal”, remarcó Montoro que se mostró convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno central.
Además, el Ejecutivo enviará el acuerdo adoptado ayer a las entidades de crédito para que exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General, y si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal.

Batalla jurídica
Por su parte, la Generalitat consideró que la decisión del Gobierno de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Cataluña supone que el Ejecutivo “ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás”, y anunció una “batalla jurídica” en el Estado y en la Unión Europeo contra esta medida.
El secretario de Economía del Govern, Pere Aragonés, entendió que la decisión adoptada por el Gobierno es “ilegal”, porque no tiene “amparo legal”, dado que el Gobierno central usa la ley de estabilidad presupuestaria para aplicar “por la puerta de atrás el artículo 155 de la Constitución”.
Aragonés aseguró que el Govern no puede aún aventurar las consecuencias de este acuerdo, porque todavía no dispone de su literalidad, pero acusó al Ejecutivo central de “saltarse su ley para intentar parar la democracia”.
El alto cargo del Govern culpó también al Gobierno de “poner en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña”.
La Generalitat entiende que el Gobierno hace referencia en su acuerdo al pago de servicios como la educación, la sanidad, los servicios sociales o las nóminas, pero Aragonés se preguntó “dónde queda el gasto en seguridad, en justicia, en prisiones, en servicios de emergencia como bomberos o en el mantenimiento de infraestructuras”, y censuró la “profunda irresponsabilidad” del ministro de Hacienda.
Con todo, Aragonés no aclaró si el Govern acatará o no la exigencia del Gobierno de que en 48 horas adopte un acuerdo de no disponibilidad de aquellos gastos de carácter no esencial.
El secretario del Govern entiende que el Gobierno “se salta” incluso la ley orgánica de financiación de las comunidades.
Aragonés también acusó al Gobierno de “secuestrar los impuestos de los catalanes” y de pretender “paralizar la economía catalana” con decisiones así.
Con todo, Aragonés garantizó que este mes la Generalitat se hará cargo del abono de las nóminas de los funcionarios catalanes, y que se atenderán todos los pagos previstos.
El ejecutivo catalán considera que el Gobierno está usando la ley de estabilidad presupuestaria “con fraude de ley” para “ir contra la democracia”. l