El Reino Unido confiscará los sueldos de los sin papeles e inspeccionará sus cuentas

El primer ministro británico, David Cameron, anunció ayer medidas radicales para controlar la inmigración ilegal, como confiscar los sueldos de los indocumentados, tras conocerse que el ingreso de extranjeros subió más del 20% en 2014.
El líder conservador dio a conocer una nueva iniciativa que estará contenida en su programa de Gobierno para el próximo curso legislativo, que será leído por la reina Isabel II el día 27 en la solemne apertura del Parlamento de Westminster.
El plan del Gobierno para controlar la inmigración, explicó el primer ministro al intervenir en el Ministerio del Interior, tendrá tres vertientes: combatir el trabajo ilegal, reformar las reglas laborales y renegociar en la Unión Europea las directrices en materia de inmigración.
Este último punto forma parte del objetivo de Cameron de conseguir reformas en la UE, que aún no detalló, antes de convocar el prometido referéndum en 2017 sobre la permanencia o salida del Reino Unido del bloque europeo.

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Los otros dos objetivos estarán contenidos en un proyecto de ley de su nuevo Gobierno, de mayoría conservadora, que considerará por primera vez delito trabajar ilegalmente o emplear a ciudadanos no comunitarios que estén en situación irregular.
Cameron presentó sus medidas después de que la Oficina Nacional de Estadísticas informase de un alza de la inmigración, si bien el incremento correspondió en su mayoría a ciudadanos de la Unión Europea. Según las cifras, el número de inmigrantes que llegó al Reino Unido en 2014 fue de 641.000 personas, un 21,8% más que el año anterior, mientras que los que emigraron fueron 323.000 personas –cifra que se ha mantenido relativamente estable desde 2010–, lo que arroja una inmigración neta de 318.000 personas el año pasado.
Cameron resaltó ayer que su proyecto de ley tendrá como meta, entre otras cosas, obligar a las entidades bancarias a verificar las cuentas de personas sospechosas de estar en situación ilegal e impedir que las compañías contraten a estos indocumentados.
Hasta ahora, las empresas podían ser multadas con 26.000 euros si contrataban a trabajadores indocumentados, pero la nueva legislación irá más allá al tipificarlo como delito, si bien Cameron no especificó qué pena se aplicará.
También se procesará a los no comunitarios que entren de manera legal, como turistas o estudiantes, pero que se quedan para trabajar una vez que su visado ha caducado.
Además, la Policía tendrá el poder de confiscar los salarios obtenidos de manera ilegal y se obligará a las agencias de empleo a buscar primero trabajadores con residencia legal en el Reino Unido antes de contratar en el extranjero. n