9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
La Abogacía del Estado reclama a la infanta Cristina 168.571,87 euros de responsabilidad civil en el caso “Nóos” como partícipe a título lucrativo, para resarcir el daño por haber disfrutado de los bienes procedentes del fraude cometido por Iñaki Urdangarin en el IRPF de 2007 y 2008.
En el escrito de acusación entregado al juez José Castro, la Abogacía del Estado –que ejerce la acusación particular en nombre de la Agencia Tributaria–, solo pide que se abra juicio oral para Urdangarin y Diego Torres, por dos delitos fiscales el primero y por uno el segundo, de los veinte imputados en esta causa.
Solicitan una pena de 3 años y 6 meses de prisión para cada acusado por delitos contra la Hacienda Pública, así como multa de 1.011.431 euros para Urdangarin y 1.268.904 para Torres, que es el triple de la cuota que supuestamente defraudaron.
También reclaman que ambos hagan frente al pago de una responsabilidad civil derivada de los delitos que será la cuota defraudada (para Urdangarin 182.005,27 euros en 2007 y 155.138,48 en 2008 y para Torres 442.968,29 euros en 2007) más los intereses de demora desde la fecha en que debió realizarse el pago voluntario hasta que éste se lleve a cabo.
Consideran además que tanto la infanta Cristina como la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, deben ser condenadas como partícipes a título lucrativo “al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”, que sería de 168.571,87 euros para doña Cristina y 221.484,14 euros para la esposa de Torres.
"Doctrina botín"
Por su parte, la defensa de la infanta considera que la situación de doña Cristina en el caso “Nóos” no es sustancialmente distinta de la que tuvo lugar cuando el Tribunal Supremo estableció la llamada “doctrina Botín”, por lo que cabe esgrimirla como precedente para pedir que se archive el caso para ella.
Los abogados de doña Cristina apelan a dicha doctrina para pedir el sobreseimiento de las actuaciones contra ella a Castro, según figura en el escrito que registraron el miércoles, al día siguiente de que las partes acusadoras entregaran sus conclusiones determinando a quién acusan, de qué delitos y qué penas piden en el marco del caso “Nóos”, y de que solo el sindicato Manos Limpias haya mantenido la acusación contra la infanta de 8 años de cárcel.
Basan su petición de que no abra juicio oral contra ella en la “estricta aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la jurisprudencia mayor y menor que lo interpreta”, incluida la doctrina Botín, y porque ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado la acusan y ambos piden el sobreseimiento.
el magistrado
Una vez recibido el escrito, Castro trasladó a las partes personadas en el caso Nóos que estudiará la solicitud de la defensa junto a los seis escritos de acusación que recibió el martes y que resolverá próximamente.
Castro dictó ayer una providencia en la que da cuenta de que recibió los citados escritos, así como de otro anterior pidiendo el archivo por parte de la defensa del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, documentación que deja pendiente de estudio y resolución.
Previsiblemente, el juez resolverá todos los escritos de forma conjunta cuando dicte el auto de apertura de juicio oral por esta causa en la que la infanta Cristina está imputada como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido.
Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, ni de Baleares, ni de Valencia han solicitado la apertura de juicio oral para la infanta Cristina.
