El asesor de EU detenido en el Parlamento consumía y difundía pornografía infantil

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La Policía Nacional entró ayer en el Parlamento de Galicia tras recabar la debida autorización de su presidente, Miguel Santalices, para efectuar un registro en las dependencias de AGE en el marco de una investigación contra la pornografía infantil articulada desde Madrid. Tras este, fue detenido un asesor de Esquerda Unida (EU) –integrada dentro de la coalición AGE– por consumir y compartir pornografía infantil. El arrestado accedía a este tipo de archivos ilegales desde su ordenador del Parlamento, según informaron fuentes conocedoras de investigación.
Estas mismas fuentes precisaron que los investigadores detectaron la IP de este ordenador consumiendo pornografía infantil y esa fue una de las pistas que les llevó hasta el edificio del Parlamento y en concreto hasta R.S.M., un militante de Esquerda Unida que llegó a ser candidato a la Alcaldía de Santiago en 2003.
 Los agentes de la Policía Nacional registraron el lunes su casa y ayer se han personado en la sede parlamentaria para revisar también su ordenador. El arrestado ya pasó la noche en comisaría y está previsto que hoy sea puesto a disposición judicial.
Las fuentes consultadas indican que este tipo de investigaciones se hacen, bien porque se tiene indicios de que una persona concreta consume y difunde pornografía infantil, o porque se detecta el tráfico de este material y se tira del hilo hasta llegar a los responsables como ha ocurrido en este caso.
Añaden estas fuentes que es habitual que las personas que consumen este material también lo difundan en círculos cerrados. No se trata de grupos organizados, sino de comunidades que intercambian archivos sin necesidad de conocerse personalmente entre ellos, tan solo a través de sus alias en la red.
En el caso de R.S.M. compartía información con personas de otros países. Aunque la investigación continúa abierta, no están previstas más detenciones en España y el juez ha decretado el secreto de las actuaciones. Según fuentes policiales, está acusado de un supuesto delito de tenencia y distribución de pornografía infantil.

Registro
Durante el registro en su puesto de trabajo, tal y como relataron otras fuentes de la Policía Nacional, el propio investigado –quien habría solicitado esa visita– entregó a los agentes “diversos efectos personales” relacionados con el caso.
En este escenario, fue el propio Beiras quien anunció –flanqueado por Antón Sánchez (Anova) y Eva Solla (EU)– que el contrato de este administrativo ha sido rescindido de forma cautelar hasta que “se clarifiquen las cosas” y justificó la medida en que “está en juego la credibilidad y la ética” de todos los componentes de la coalición.
Consciente del difícil equilibrio entre “la presunción de inocencia” y la necesidad de poner “un cordón sanitario” con la actividad de AGE, aseguró que será “plenamente reintegrado” en su trabajo y “reparado” en su “dignidad” en caso de que resulte inocente.
Además, no pasó por alto la “hipótesis” de que exista “alguien que, insidiosamente, haga algo para que aparezca implicado” un trabajador de Alternativa, “un grupo que está mal visto por el poder”, argumentó. Al hilo de ello, el veterano nacionalista dejó claro que lo ocurrido “no es problema de AGE” ni guarda relación con su “actividad política o cívica”, de modo que pidió “no mezclar” estas cuestiones con las “actividades como ciudadano” de R.S.M.

Sin implicación política
Y, para respaldar su afirmación de que el caso no tiene “ninguna implicación política”, esgrimió que el grupo ni siquiera fue advertido de la detención del ya extrabajador, de modo que la información que maneja procede del presidente del Parlamento a instancias de la Jefatura Superior de Policía. Sobre R.S.M., rechazó “inculparlo” ni hacer “juicios de valor por el momento”.
Las declaraciones del veterano nacionalista se produjeron tras reunirse con Miguel Santalices y con el letrado mayor del Parlamento para analizar si se había transgredido la inviolabilidad de la Cámara con la entrada de los cuerpos y fuerzas de seguridad en sus instalaciones.
Al respecto, el propio presidente, sin dejar de hacer hincapié en que lo ocurrido atañe al “ámbito privado” de una persona y no a la institución, alegó que autorizó el registro para no “entorpecer” la labor policial y para “colaborar” con la Justicia.

El investigado ya estuvo implicado en un caso semejante en su etapa en Ferrol

No es la primera vez que R.S.M., el actual asesor de la diputada de AGE Yolanda Díaz, se ve implicado en un suceso como este. En 2009 dos miembros de EU de Ferrol denunciaron que en uno de los ordenadores de la sede del partido se habían realizado búsquedas de pornografía infantil. Además, una de las denunciantes aseguró, en un principio, haber encontrado archivos descargados en ese mismo ordenador, que ella misma borró por encontrarse “en shock”. 
En esa ocasión se apuntó directamente, al menos dentro de la organización, al ahora investigado, R.S.M., que obtuvo el absoluto respaldo de la ejecutiva de EU Ferrol, dirigida por Yolanda Díaz, con la que a lo largo de la jornada de ayer este diario trató sin éxito ponerse en contacto. Incluso se le otorgó un puesto de confianza dentro del grupo municipal del Concello. A los pocos días de conocerse la denuncia, la propia Díaz puso a disposición de los investigadores la CPU en la que supuestamente se habían encontrado estos archivos. La consecuencia más inmediata de aquella denuncia judicial fue la suspensión y posterior expulsión del partido de estos dos denunciantes, uno de ellos, José Loureiro, responsable de organización en aquel momento. La cúpula de EU justificó esta decisión alegando que se habían difundido falsas acusaciones e incluso Díaz interpuso una denuncia por la “difusión falsa y graves acusaciones de hechos constitutivos de delito contra la organización”. Un hecho que sembró la incertidumbre sobre este suceso fue la guerra interna entre ambas partas y que sugirió que se podría haber tratado de un acto de “guerra sucia”.
El  instructor encontró hechos constitutivos de delito, pero acordó el sobreseimiento provisional y archivó la causa por no encontrar motivos suficientes para atribuir su perpetración a una persona determinada.

 

El asesor de EU detenido en el Parlamento consumía y difundía pornografía infantil