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sábado | 20 abril | 2024
El Gobierno aseguró ayer que la lucha contra el fraude contra la Seguridad Social ha aflorado 520.572 perceptores indebidos de las prestaciones por desempleo en un año y medio, desde enero de 2012 hasta junio de 2013. En esta cifra se incluyen aquellos a los que se les ha retirado la ayuda por alguna circunstancia.
Sin embargo, Empleo anunció en agosto que en el primer semestre del año afloraron 60.004 perceptores de forma indebida.
La explicación de estas cifras tan diferentes es que el Ejecutivo ha mezclado sanciones leves e irregularidades administrativas con fraudes reales.
La mayoría de estos perceptores fueron sancionados por no comunicar otras rentas ni prestaciones o no renovar la demanda de la prestación.
Ante esto, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, reprochó ayer a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que, con sus declaraciones al hacer balance de la lucha contra el fraude, haya “llamado tramposos a uno de cada cinco parados con prestación”.
Sáenz de Santamaría informó de que, en año y medio, el plan de lucha contra el fraude fiscal y laboral ha tenido un impacto en las cuentas públicas superior a los 22.500 millones de euros.
Detalló que de esta cantidad, 16.500 millones de euros se han obtenido descubriendo fraude fiscal y 6.152 millones por empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.
A estos datos, la vicepresidenta incidió en que hay que añadir el efecto “fundamental” que tiene en la recaudación tributaria el ensanchamiento de las bases imponibles por la regularización fiscal, que supuso el afloramiento de 40.000 millones.
Asimismo, afirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo 700 operaciones en las que se han imputado a más de 3.000 personas. La vicepresidenta afirmó que el trabajo de verificación y de control del fraude en el desempleo ha ahorrado a los contribuyentes 3.161 millones, tras descubrirse 520.572 perceptores indebidos de estas prestaciones.
La mayoría de estos perceptores han sido sancionados por incumplimientos como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones, así como la no renovación de demanda.
Las sanciones van desde la suspensión de uno a seis meses del cobro de la prestación, en su mayoría, hasta la retirada total de la prestación dependiendo de la gravedad de la infracción. El número de defraudadores equivale a una sexta parte de los parados
Además, se han realizado 35.761 inspecciones a empresas ficticias y se han recaudado 557 millones de euros.
También se han producido ahorros en otras prestaciones como fraudes en materia de incapacidad temporal, de complementos a mínimos o de jubilaciones parciales, que han permitido un ahorro de 408 millones de euros.
