La reforma local encalla por el rechazo de las comunidades a asumir gastos sin nuevos fondos

GRA175. MADRID, 31/07/2014.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (2d), junto a los secretarios de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, y de Administraciones Públicas, Antonio
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La mayor parte de las comunidades ha legislado o va a legislar para adaptar sus normativas a la reforma local, aunque esos cambios parecen ir en dirección contraria al espíritu de la normativa, pues en muchos casos buscan que los ayuntamientos sigan prestando los servicios sociales.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor en enero, establece que las comunidades asuman determinadas competencias en materia de servicios sociales, educación y sanidad que hasta ahora ejercen los ayuntamientos, las denominadas “competencias impropias”.
La aplicación de esta norma, que ha sido objeto de diez recursos ante el Tribunal Constitucional, encuentra nuevos obstáculos por parte de las comunidades, reacias a asumir esas competencias y menos aún con el actual modelo de financiación autonómica, que no les aporta los recursos suficientes.
Hasta el momento, han aprobado leyes o decretos la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Asturias, Extremadura, Murcia y La Rioja. Y han anunciado su intención de hacerlo el País Vasco, Canarias, Castilla y León y Navarra.
En la mayor parte de los casos, el objetivo es garantizar la continuidad de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y que, según la reforma, deben pasar a ser responsabilidad autonómica para evitar duplicidades.
Otra comunidad del PP, la gallega, ha aprobado una norma que adapta la reforma local a las peculiaridades de esa comunidad y habilita a los ayuntamientos a seguir prestando servicios como las escuelas infantiles, además de otros en materia de igualdad o consumo.
Este aluvión de normas ha despertado el “enfado” de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente, Iñigo de la Serna, acusó a las autonomías de blindarse para no asumir las competencias que les corresponden.
De la Serna ha elevado estas quejas al Ministerio de Hacienda y dice contar con el compromiso del Gobierno de impedir que ninguna norma autonómica pervierta el sentido de la reforma.
Los gobiernos de Castilla y León y Murcia, por ejemplo, ya han salido al paso de esas acusaciones y han negado ningún blindaje y han asegurado que se han limitado a dar garantía a la prestación de los servicios por parte de los ayuntamientos.
Para otoño se espera la norma vasca, una ley que incluirá un listado de competencias municipales “mucho más amplio” que el del resto de España.

La reforma local encalla por el rechazo de las comunidades a asumir gastos sin nuevos fondos