Los trabajadores llevarán a Alcoa a los tribunales si no retira el ERE el lunes

La reunión que mantuvo la dirección de España de Alcoa con el comité europeo de la multinacional no fue más fructífera que las anteriores: el gigante del aluminio insiste en seguir adelante con el ERE que supondría la pérdida de casi 400 puestos de trabajo en A Coruña y casi 300 en Avilés. Ante este callejón sin salida, el presidente del comité de empresa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho presentó un ultimátum: o retira el expediente el lunes o presenta una demanda ante los tribunales europeos y nacionales por fraude de ley, dado que la empresa no cumplió los trámites legales a la hora de presentar el cierre.
“Estuvo dentro de lo esperado. Los únicos que hablamos fuimos nosotros”, recordó Corbacho. La demanda que piensan interponer está basada en los tratados en materia laboral en Unión Europea que exigen un período previo de información y consultas en el comité europeo antes de tomar la  decisión del ERE. Por otro lado,  Corbacho sostiene que las motivaciones no tienen que ver con problemas estructurales de la fábrica, sino que simplemente no podía alegar problemas económicos, dado que si sus beneficios han descendido ha sido solo por motivos coyunturales. “De 1998 a 2015, las plantas de Avilés y A Coruña produjeron 1.490 millones de beneficios netos”, aseguró. 
En 18 meses 
El comité plantea unos pasos claros, una vez se levante el ERE, que pasan por la venta de las plantas a otras empresas interesadas. El plan es que se abra un periodo de unos 18 meses durante los cuales las dos fábricas estarán regidas por una gestora, un consejo administrativo formado por representantes de la Xunta (o el Principado de Asturias, en el caso de la  de Avilés), el Gobierno central y los propios trabajadores. “Queremos garantir a trasparencia”, recalcó Corbacho. 
Durante ese tiempo, se buscaría un comprador adecuado, pero también se renovarían las plantas para hacerlas más atractivas a los interesados, aunque desde el comité señalaron que plantas como la de Noruega cuentan con tecnología similar y no producen un aluminio superior. “A única diferencia é a tarifa eléctrica”,  insistió el presidente del comité, que propone que sea la propia Alcoa la que pague las reparaciones necesarias, estimadas en diez millones de euros. Recordó que hay 242 cubas electrolíticas en la fábrica coruñesa, de las cuales más de 70 están detenidas desde 2012 por decisión de la multinacional americana.
Reformulación eléctrica 
En esos dieciocho meses el Gobierno deberá llevar a cabo una reformulación del marco eléctrico, de manera que deje de ser una carga tanto para particulares como para las empresas electrointensivas. Según Corbacho, es tiempo más que suficiente. Igualmente exigen al Gobierno que impida que Alcoa introduzca aluminio a través de los puertos. “Que se consigne todo o aluminio que hai e que non se deixe entrar máis”, pidió. 
Corbacho asegura que es posible, y pone como ejemplo el caso de la planta italiana que Alcoa vendió a otra empresa que ha anunciado su reapertura para 2020. Mientras tanto, los trabajadores siguen recibiendo el apoyo de los cargos políticos. Ayer el delegado del Gobierno visitó la carpa donde se reúnen en la planta coruñesa. “He encontrado a unos trabajadores unidos, convencidos de que tienen la razón y animados a proseguir una lucha en la que van a encontrar al Gobierno de España a su lado”, declaró.