Así lo han confirmado a Efe fuentes del Ministerio de Justicia, que han concretado que en ese informe se detallarán los cambios que la comisión institucional de expertos, que trabaja desde el pasado 14 de marzo en la reforma de la LOPJ y la Ley de Demarcación y Planta, considera necesarios para despolitizar y mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.
En cualquier caso, no se trata del anteproyecto de ambas reformas, que se anunció que estaría listo después del verano, sino de un texto en el que se recogen las primeras conclusiones de los trabajos de la comisión.
Según ha avanzado Ruiz-Gallardón hasta ahora, uno de los objetivos de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial será terminar con la politización de la Justicia, para lo que, entre otras medidas, revisará el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, la modificación que introducirá la reforma supondrá que 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por y entre los propios jueces, como han reclamado las asociaciones judiciales, y que los otros ocho sean consensuados por el Parlamento para evitar "interferencias políticas".
No se descarta tampoco que se haya estudiado la posibilidad de reducir el número de miembros permanentes del Consejo, sobre todo tras la polémica generada a raíz de conocerse que el ya expresidente del CGPJ Carlos Dívar cargó los gastos de varios viajes en fin de semana al presupuesto de la institución.
Respecto a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta, que dibujará el nuevo mapa judicial español, establecerá las medidas que la comisión de expertos considera necesarias para adecuar la organización de los juzgados a la realidad social, económica y demográfica de la España actual.
Hasta ahora el ministro de Justicia ha mantenido que la propuesta del CGPJ de reducir de 431 a 200 los partidos judiciales no era el criterio del Gobierno, que se basará en las conclusiones que presente la comisión de expertos.
De esa comisión forman parte el vocal del CGPJ Antonio Dorado, los magistrados del Supremo Carlos Lesmes y Luis María Díez-Picazo, el decano del colegio de procuradores de Madrid, Antonio Álvarez-Buylla; el catedrático de Derecho Procesal Juan Damián González, la Abogada General del Estado, Marta Silva, y el abogado José María Vives de la Cortada.
