11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
Torres-Dulce, en declaraciones a los periodistas tras firmar un convenio con el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha añadido que estas asociaciones del ámbito judicial representan "buena parte del sentir de las carreras fiscal y judicial".
El fiscal general del Estado ha transmitido su "absoluto respeto" a la decisión de convocar esta huelga y que, "asociativamente, se ha adoptado de una forma mayoritaria".
Ha dicho que hay una "cierta situación difusa acerca de la normativa de la huelga" y ha indicado que, "quizá, sería el momento de reflexionar sobre cuál sea el contenido, límites, etcétera".
Ello, ha subrayado, "corresponde al Poder Judicial y a un órgano institucional y constitucional como el Ministerio Fiscal, con capacidad autónoma y funcional dentro del Poder Judicial".
Sobre la reforma de la Administración de Justicia, ha añadido que el Ministerio Fiscal no ha recibido los anteproyectos por parte del Gobierno y que la información de la que dispone son "comentarios periodísticos".
Por ello, ha indicado que es preciso esperar a que el Gobierno envíe los anteproyectos correspondientes.
Sin embargo, Torres-Dulce ha considerado que esta reforma "parece ser un radical cambio de lo que era una estructura basada en modelos del sigo XIX para una justicia que necesita un marco propio del siglo XXI".
El fiscal general del Estado también informado de que la institución que dirige ultima un libro blanco que incluirá todos las necesidades este órgano.
Este texto, que el Consejo Fiscal finalizará de debatir durante el actual mes, se prevé que esté dispuesto en los próximos dos meses para que vea la luz pública.
Ha precisado que "dada la extraordinaria sobrecarga de trabajo que pende, muy especialmente, sobre la Fiscalía Anticorrupción" la institución que dirige trasladará en breve al Ministerio de Justicia las necesidades de ampliación de plantilla y de los medios materiales de este departamento.
Torres-Dulce ha añadido que el Gobierno y el Ministerio de Justicia han manifestado su "absoluta disposición" a desarrollar las actividades necesarias que conduzca a "un reproche penal en relación con la corrupción".
