Sadamaioría bajará un 25% el sueldo del alcalde y limitará los mandatos

Sadamaioría continúa dando pasos de gigante de cara a las próximas elecciones municipales, para las que apenas resta un mes y medio. A las primarias celebradas hace ya un par de semanas para decidir los primeros puestos de la lista, se unen ahora las propuestas de un código ético aprobado hace algunas fechas y que poco a poco va viendo la luz pública. Una serie de compromisos ineludibles para todos aquellos que se sumen a su proyecto.

Una de las medidas más llamativas es la que habla del régimen de retribuciones para aquellos concejales que tengan funciones de gobierno, así como para los cargos de confianza del ejecutivo.

En este sentido, Sadamaioría aprobó en dicho código que el alcalde rebaje su nómina hasta los 30.000 euros brutos anuales, lo que supone una disminución aproximadamente de un 25% respecto al sueldo actual, el que cobra Ernesto Anido y que ya percibía antes el nacionalista Abel López Soto. Hay que recordar que este último ya lo bajó notablemente –cerca de la mitad– tras abandonar la Alcaldía Ramón Rodríguez Ares en 2007.

Asimismo, los concejales electos y el mencionado personal de confianza percibirán de las arcas municipales, con una dedicación exclusiva, la cantidad de 25.000 euros brutos al año.

Sadamaioría avala además la idea de que en el desempeño de sus funciones como cargos públicos, se podrá “recibir compensacións económicas, en todo caso, polos gastos en transporte (preferentemente público), alimentación e aloxamento ocasionados pola súa actividade”.

Otros compromisos

Por otra parte, el código ético contempla que todos los miembros de la formación, cargos electos o personal de confianza, asumen el compromiso de renuncia de su condición en determinados supuestos que haya fijado la asamblea de Sadamaioría, siendo motivo de renuncia, entre otros, “a imputación xudicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecemento inxusto con recursos públicos ou privados, suborno e malversación e apropiación de fondos públicos”.

Otro de los compromisos alcanzados es el de la limitación de los mandatos, que se establecen en un máximo de dos –ocho años–, ya sean de manera consecutiva o de modo alterno.