La Xunta ofreció ayer al comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Xustiza de Galicia la creación de nuevas plazas, la conversión de treinta
y seis puestos de refuerzo en fijos y la equiparación de los salarios de los sustitutos.
Los directores xerales de Función Pública y Xustiza, José María Barreiro y Juan José Martín, plantearon en la mesa de negociación celebrada en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) una serie de “medidas que permitirán una mejora del servicio con la vista puesta en el ciudadano y una consolidación de los puestos de trabajo”, según indica la Xunta en un comunicado
Más de un millón de euros
Con la reunión todavía en marcha, tras más de nueve horas de encuentro con tres recesos, el Gobierno gallego explica, en una nota de prensa, las novedades que plantea. Entre ellas, asegura que si los sindicatos firman el acuerdo se convertirán en fijos 36 puestos de refuerzo, cuyo coste cifra en más de un millón de euros y que se verá reflejado en la próxima oferta pública.
Serán seis nuevas plazas de gestión, veinticuatro de tramitación y seis de auxilio judicial; de las que dieciséis estarán en A Coruña, diez en Pontevedra, cinco en Lugo y cinco en Ourense.
La Xunta propone crear plazas, que serán todas las incluidas en el Plan de Reordenación que no hayan sido incluidas en la creación de otro órgano o servicio, aunque no aclara la cantidad.
Sobre las sustituciones, detalla que se modificará la norma de forma inmediata para que los sustitutos perciban la misma remuneración que las personas a las que sustituyen, lo que tendrá efectos desde el primer día en que se firme.
En el capítulo de las bajas temporales por enfermedad, el Ejecutivo autonómico comenta que la negociación queda supeditada a la modificación de normativa del resto del Estado, donde es posible que se eliminen los descuentos por bajas, algo que ellos reclaman y que la Xunta no acepta debido a que les aplica las reglas de los funcionarios autonómicos.
Respecto a la oferta económica, se mantiene intacta la del pasado lunes, con un incremento salarial de entre 816 y 1.080 euros en dos años a partir de 2019, a repartir en un 50% cada año aunque aclara que ofrece mejoras adicionales a quienes trabajan en juzgados de violencia de género.
