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viernes | 19 abril | 2024
El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, y parlamentario socialista, José Manuel Lage Tuñas, aseguraron que la aprobación de la nueva ley que permitirá la privatización de las televisiones autonómicas no afectará a la Compañía de Radio Televisión de Galicia, que está en proceso de convertirse en corporación.
Los dos parlamentarios aseguraron que la norma “no cambia” la situación para el ente público gallego, algo que el el BNG pone en duda por lo que presentará una iniciativa en la Cámara para forzar al Gobierno gallego “a posicionarse” sobre la continuidad de la televisión autonómica.
Puy valoró ayer positivamente un proyecto de ley que permitirá, a las comunidades que quieran, “aprovechar” la reforma y además habilita sistemas de gestión que “ahorren gastos” y que “incrementen margen de disponibilidad de recursos”.
Decisión > El Gobierno aprobó ayer un proyecto de ley que permite que las comunidades decidan si mantienen una televisión pública en su región o no y, en el caso de hacerlo, puedan optar por su privatización.
Las comunidades que mantengan su televisión pública habrán de elegir entre sacarla a concurso y privatizarla o mantener en sus manos la gestión de forma directa, es decir, con sus propios medios humanos y materiales.
En cualquier caso, la gestión privada o pública de cada televisión autonómica deberá equilibrar ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, informó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La norma, que se tramitará por procedimiento de urgencia, permitirá a las comunidades que, si no mantienen sus televisiones, saquen a concurso las frecuencias de las mismas. Aseguró que se trata de una “importante medida de austeridad al servicio de las comunidades”, dado que flexibiliza el modo de gestión.
La nueva norma, añadió, amplía la capacidad de gestión y decisión de las comunidades en su marco de autogobierno para decidir como prestan la actividad de televisión autonómica.
El proyecto de ley es el resultado de un anteproyecto que el Ejecutivo remitió a distintos órganos consultivos y de los informes elaborados por estos sobre las televisiones autonómicas.
Cesiones > El Gobierno también había anunciado en los primeros días de legislatura su intención de modificar la Ley General de la Comunicación Audiovisual para eliminar la prohibición de que las televisiones autonómicas puedan ceder a terceros determinados programas.
Así, en marzo la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se mostró a favor de la introducción de gestión privada en las televisiones autonómicas al considerar que podía contribuir a introducir competencia en esos ámbitos. Además, la CNC señalaba diversas ventajas que podría suponer este sistema para la gestión de los recursos públicos.
La CNC valoró el anteproyecto del Ejecutivo y recordó que la participación de financiación pública en el total de los ingresos de las televisiones públicas está por encima del 30%.
Además, la CNC señaló que, mientras aumenta el coste, las televisiones autonómicas vienen reduciendo su cuota de audiencia en los últimos años (unos seis puntos porcentuales, del 17,3% al 11,3%, entre 2005 y 2010).
Sáenz de Santamaría recordó que, hasta ahora, este servicio público debía ser prestado por la administración autonómica con sus propios medios.
