10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
Tres inspectores de la UDEF que suscribieron informes sobre la relación de las empresas de Francisco Correa con cargos políticos declararon ayer que hay suficientes indicios de que las siglas “PAC” que aparecen en la contabilidad de Gurtel corresponden al exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.
Durante su intervención, los agentes explicaron que esta conclusión, que se deriva del análisis de los documentos intervenidos durante los registros, se alcanzó siguiendo un criterio de prudencia, sin establecer “vínculos de forma indiscriminada”.
En concreto, los agentes analizaron un apunte contable de la caja B de Gurtel en concepto de beneficios de una campaña electoral del PP que se adjudicó empresas de líder de la Gurtel en el que aparecían las iniciales, que el propio Correa desligó del exministro, ya que, según detalló, podía tratarse de él mismo, “Paco Correa”, o del número 2 de la trama, Pablo Crespo.
A pesar de esto, los agentes defendieron que existen suficientes indicios para creer lo contrario, ya que en el mismo documento aparecen las siglas “PAC” junto a las de “PC”, sí atribuibles a Correa.
Un mismo patrón
A lo que se suma, continuaron, que existe un mismo patrón en todos los documentos analizados, con una relación de siglas y personas estable a lo largo del tiempo, lo que hace pensar que no existía, más que unas iniciales para cada persona.
Junto a “PAC” y “PC”, figuran como beneficiarios de comisiones de la campaña “LB”, “JS”, “JM”, “GG”, a quienes Correa identificó en el juicio como Luis Bárcenas, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda el exdiputado Jesús Merino y el exconcejal de Estepona, Ricardo Galeote, respectivamente.
El propio Álvarez Cascos indicó durante su declaración que el inspector que firmó el informe emitió otro en el que no hacía referencia a él y explicó que, en cualquier caso, no participó en ninguna de esas campañas.
Mientras, la Audiencia Nacional ha decidido ampliar de cinco a doce meses la instrucción del caso “Gurtel” al estimar el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión del juez instructor, José de la Mata, de limitar hasta noviembre la investigación, que finalmente culminará el 6 de junio del 2018. l
