Más de 200 personas participan en una manifestación para exigir medidas para el sector hostelero

Los hosteleros se han vuelto a echar a la calle. Este colectivo, que es uno a los que las restricciones contra el coronavirus afectan con más fuerza, también es de los que más activos se han mostrado en sus protestas. Por eso ayer, 220 manifestantes convocados por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería  marcharon desde la explanada de O Parrote hasta la Delegación del Gobierno para exigir que se materialice el apoyo estatal al sector.  

“Ha sido una protesta en nuestra línea. Somos empresarios, gente pacífica, y no queríamos hacer una manifestación cortando la carretera que moleste ala ciudadanía”, explicó el presidente de la asociación, Héctor Cañete, que encabezó la comisión encargada de presentar su plan de rescate del sector y posteriormente reunirse con el delegado del Gobierno, Javier Losada para debatir la situación de los empresarios.  

La reunión fue cordial, según Cañete, pero eso no significa que vayan a cesar sus movilizaciones. La próxima está programada para dentro de siete días: van a donar toda la comida que los hosteleros tienen en sus frigoríficos  que se va a echar a perder por culpa del cierre al Banco de Alimentos. “Sabemos que están bajo mínimos”, señaló el portavoz del sector, que invita a todo el mundo que lo desee a contribuir. Desde las diez de la mañana habrá personal en la plaza de María Pita para recoger cualquier contribución, incluso piensan disponer de un servicio telefónico de recogida con vehículos de la empresa Louzao. Ese mismo día, formarán una cadena humana entre María Pita y la Cocina Económica.

ERTE indefinido

En la actual situación, los hosteleros demandan un plan a nivel nacional que, calculan, costaría 8.500 millones de euros. Incluye que se extiendan los ERTE mientras continúe la epidemia y que se cubran totalmente los seguros sociales de los trabajadores porque, como recordó Cañete, “ahora ya estamos pagando el 100%, y con los negocios cerrados no podemos pagar impuestos”. También pretenden que el periodo de carencia se alargue hasta abril o mayo en el caso de los créditos ICO, y por las mismas razones.

En general, los hosteleros piden flexiblidad. Su comisión analizó con el delegado del Gobierno las ayudas que han lanzado hasta ahora las diferentes administraciones públicas: “Ahora no puede haber burocracia porque hay gente que no tiene para comer. Las ayudas de la Xunta van en la línea adecuada, igual que el Ayuntamiento, porque nadie se había preocupado de las empresas, hasta que salió el Presco”.

Losada, recogió sus demandas y explicó, además, el último anuncio del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, realizado esta misma semana. Gracias a esta novedad las personas autónomas vinculadas a la hostelería ven facilitado su acceso a una prestación extraordinaria por suspensión de actividad, incluso si continúan con sus locales abiertos, con la condición de que se produzca una bajada de ingresos del 75%. Además, el Gobierno mantiene prorrogados los ERTE y las ayudas para autónomos hasta el 31 de enero de 2021. Se trata de una serie de medidas que en Galicia ya han supuesto un impacto de unos 970 millones de euros desde el inicio de la pandemia.