Piden 18 años de cárcel para cada uno de los siete acusados de explotar a prostitutas

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Delitos de promoción de la inmigración ilegal y prostitución imputa la Fiscalía a siete ciudadanos argentinos llamados a declarar la próxima semana en la Audiencia Provincial como integrantes de una red que hasta marzo de 2004 se dedicaba a introducir en España a jóvenes extranjeras para posteriormente explotarlas en clubes de alterne de Galicia y Valencia. Se enfrentan a penas que en todos los casos alcanzan los 18 años de reclusión por ser, según las conclusiones del fiscal, responsables de uno de esos locales, ubicado en la zona de Ordes, si bien solo seis de ellos ocuparán el banquillo desde el próximo martes, puesto que la séptima persona que fue identificada durante la investigación se encuentra en paradero desconocido y está declarada en rebeldía.

La Audiencia juzgará a seis de ellos por favorecer la inmigración ilegal y otros delitos contra los derechos laborales

La acusación contra todos ellos se sostiene sobre el testimonio de cinco mujeres, cuatro argentinas y una paraguaya, que aseguran que fueron obligadas a ejercer la prostitución, explotadas y recluidas en el club de Ordes bajo amenazas, tanto hacia ellas como a sus familiares, por las personas que les habían ofrecido una oportunidad en España.

 

Por turistas > De sus declaraciones, y del resto de la investigación, extrae el Ministerio Público que dos de los procesados eran quienes se dedicaban a introducir en España a las chicas para luego obligarlas a trabajar para ellos en el local del que eran, respectivamente, propietario y encargado. Las captaban en su país de origen a través de algún gancho y les ofrecían ejercer la prostitución a cambio del billete de avión –de ida y vuelta–.

Siguiendo las conclusiones del Ministerio Público, conseguían hacer pasar a las inmigrantes por turistas y para ello les facilitaban un pasaporte y las proveían de mil euros, para que así pudieran superar el filtro policial fronterizo. Una vez que llegaban a tierra –al aeropuerto de Santiago– les reclamaban esos mil euros y les hacían saber que deberían trabajar para devolver el precio del billete y, una vez saldada la deuda, se quedarían con el 50% de lo que ganasen.

Según el relato de las testigos, el trato ni siquiera se cumplía, y cuando ya habían devuelto todo el dinero se les negaba la parte de su sueldo que debían cobrar, bajo el pretexto de que se les entregaría cuando se marchasen de vuelta a su país de origen.

 

Tícket amarillo > En el escrito de acusación se describe también cómo las trabajadoras eran maltratadas, recibían gritos y amenazas y tenían prohibido salir libremente del local donde ejercían la prostitución, una tarea que realizaban pese a carecer de contrato laboral. Cuando realizaban un servicio debían entregar el dinero a sus explotadores, que les daban a cambio un tícket amarillo con el que se iban contabilizando la parte de la deuda que estaba ya saldada –el total rondaba los 2.000 euros, más los mil entregados para pasar la frontera–.

El Ministerio Público destaca en sus conclusiones que además de las testigos que han declarado en el proceso había otras jóvenes que también trabajaban en el local bajo amenazas a sus familiares. Cuando, en 2004, se efectuó la entrada y registro en el establecimiento, la Policía encontró un disco duro en donde se guardaba una treintena de pasaportes digitalizados pertenecientes a mujeres suramericanas y rumanas, además de 8.000 euros que el fiscal relaciona con la explotación de las extranjeras.

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