Suiza considera que “no hay base” para detener a Puigdemont y Serret en Ginebra

Suiza considera que “no hay base” para detener a Puigdemont y Serret en Ginebra
Unos ninots que representan a Junqueras, Forcadell y Puigdemont reciben los últimos retoques| juan carlos cárdenas (efe)

El Gobierno suizo aseguró ayer que “no hay ninguna base” para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont y la exconsellera Meritxell Serret si viajan a Ginebra para participar en varios actos públicos sobre la cuestión catalana.
La Fiscalía General del Estado pidió al Ministerio del Interior que consulte a Suiza sobre la posibilidad de detener y extraditar a Puigdemont, ante el anuncio del expresidente y Serret de que viajarán a ese país el domingo.

Retirada de la orden
El portavoz del Departamento Federal de Justicia suizo, Folco Galli, recordó que el 5 de diciembre el Tribunal Supremo “retiró la orden de detención y entrega europea contra Puigdemont y más personas, entre ellas Meritxell Serret. Esa decisión sigue vigente”.

“Tampoco en el caso de Anna Gabriel se ha cursado aún una orden internacional de detención”, recordó Galli sobre la dirigente de la CUP que huyó recientemente de la Justicia española a Ginebra.
“Por tanto no hay ninguna base para la detención de estas personas con vistas a una extradición a España”, recalcó el portavoz de la entidad gubernamental.

Tanto Puigdemont como los exconsellers que se fugaron con él en octubre de 2017 a Bélgica están acusados en España de los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Respeto al orden jurídico
El Gobierno suizo recordó el miércoles que Puigdemont tiene el derecho de visitar Suiza y pronunciar “discursos políticos” en el país, siempre y cuando respete su ordenamiento jurídico.
Puigdemont participará el domingo en una rueda de prensa y en un debate sobre la independencia de Cataluña en el Festival de Cine y el Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de Ginebra, y el día 21 en un evento sobre la autodeterminación organizado por el Instituto de Altos Estudios Internacionales.

Meritxell Serret a su vez figura en un panel el día 20 con el título “Violaciones de Derechos Fundamentales en la Unión Europea (UE): El caso catalán”, junto a Txell Bonet, pareja de Jordi Cuixart, evento que se celebrará al margen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Gabriel por su parte, acudió en las últimas semanas a la sede europea de la ONU para observar el desarrollo del Consejo.

El juez del Tribunal Supremo que lleva el caso, Pablo Llanera, evitó de momento poner en marcha un proceso de extradición con Suiza o con Bélgica.
La propia Fiscalía manifestó el lunes que solo pedirá orden internacional de detención contra los huidos “una vez se haya dictado orden de procesamiento”.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) rechazó en dos ocasiones dictar medidas cautelares que permitieran la celebración del debate de investidura del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, informaron fuentes de la corte europea.

El 8 de febrero, el tribunal desestimó una petición formulada por un ciudadano catalán para tomar “medidas inmediatas” que suspendiesen la resolución dictada por el Tribunal Constitucional el 27 de enero, que impidió la celebración del pleno de investidura de Puigdemont en el Parlamento catalán.
El pasado 23 de febrero, el TEDH volvió a hacer lo mismo con otra demanda de un ciudadano particular. Los autores de las peticiones fueron identificados por las fuentes como Eulalia Camps Rosell y Daniel Rosés.

Riesgo de daño irreparable
En ambos casos, Estrasburgo entendió que las peticiones no entraban dentro de los supuestos previstos en el artículo 39 del reglamento de la corte, que recoge las condiciones en que se puedan decretar medidas cautelares.

De acuerdo con esa regla, las medidas cautelares “solo se aplican cuando hay riesgo de un daño irreparable”, y por lo tanto se dictan únicamente “en situaciones limitadas”.
“Los casos más habituales son aquellos en que se teme que haya amenazas sobre la vida (artículo 2 de la Convención Europea sobre Derecho Humanos) o malos tratos (artículo 3)”, subrayaron las fuentes.

En relación con España, las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Estrasburgo en los últimos años se refirieron sobre todo a situaciones de desahucio en las que había menores afectados.
El día 11, fuentes jurídicas aseguraron que “por ahora” no se presentará ante el TEDH una petición de medidas cautelares para permitir la investidura del nuevo candidato a la presidencia del Gobierno de Cataluña, Jordi Sánchez, tal y como se había anunciado.

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