La Xunta cree injustificada la alarma en torno a la vacuna de la meningitis B

La directora xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Sonia Martínez Arca, lamentó ayer la alarma que se ha generado en torno a la vacuna de la meningitis B, que, a su juicio, “no está justificada” ni por la incidencia de la enfermedad ni por los beneficios de la inyección.
Ante las críticas de la diputada del BNG Montse Prado por la ausencia de vacunas en las farmacias gallegas, de modo que las familias están retomando el “peregrinaje a Portugal”, Arca apeló a la calma, toda vez que la incidencia de la meningitis B en Galicia es “la menor” en las últimas cuatro décadas y, así, el riesgo de contraer la enfermedad es “muy bajo”.
Martínez Arca advirtió de que la inclusión de una vacuna en el calendario es “un proceso complejo” que puede prolongarse “meses” o incluso “años”, al tiempo que dejó claro que “no seguir los cauces establecidos” y tomar decisiones “por la presión de determinados grupos o empresas” puede generar “una dinámica peligrosa”.
En este sentido, alegó que “de momento no está claro el beneficio colectivo” de esta vacuna y “por eso no está incluida” en el calendario, algo que, ha dicho, por el momento ocurre en tan solo cuatro países. “Será por algún motivo”, apostilló.

comportamiento errático
Ante los reiterados llamamientos a la calma por parte de la directora xeral, la parlamentaria nacionalista atribuyó la intranquilidad de los padres al “comportamiento errático” de la Xunta ante la inclusión de esta vacuna y al desabastecimiento de las boticas pese a su elevado precio.
Dicho esto, recordó que la meningitis B puede tener consecuencias “gravísimas” y que incluso puede ocasionar la muerte, a lo que Martínez Arca le ha señalado que “no es responsable dar mensajes alarmistas”.
La diputada socialista Carmen Acuña denunció que tres millones de mujeres y niñas son sometidas cada año a alguna práctica de mutilación genital en todo el mundo y preguntó si en Galicia se ha tenido constancia de casos de este tipo.
El gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, apuntó que no se ha registrado ninguna paciente a la que se haya practicado una ablación, y fuentes del Sergas señalaron que, desde 1993, sólo ha habido constancia de tres mutilaciones genitales ocasionadas por enfermedades o problemas de salud.
Más allá de los datos, Fernández-Campa coincidió con la socialista es que se trata de una práctica “dañina” para la salud física, sexual y psicológica de las mujeres y de “una violación de los derechos humanos”, así como otra forma de “violencia contra la mujer”.
“No tiene ninguna justificación; ni cultural, ni religiosa”, enfatizó, mientras que Acuña demandó “compromiso” del Sergas para elaborar un protocolo de atención a estos casos, como han hecho otras comunidades, que complemente las iniciativas estatales.