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sábado | 20 abril | 2024
Unas 500 familias de las provincias de Huelva y Cádiz, afectadas por el presunto robo de bebés en España entre las décadas de los 70 y los 90 del siglo XX, han remitido hoy una denuncia conjunta a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, manifestando "la indefensión" que sufren.
La remisión de la denuncia se ha formalizado hoy a través de dos oficinas de Correos de ambas capitales, ante las que los afectados han protagonizado una concentración de unas dos horas, según ha informado a Efe la presidenta de SOS Bebés Robados de Huelva, Esperanza Ornedo.
En la denuncia conjunta, ha explicado, estas familias exponen "el abandono que como presuntas víctimas del robo de recién nacidos están sufriendo".
Se trata de familias que han denunciado la sustracción de sus hijos y hermanos en hospitales y clínicas tanto públicos como privados de ambas provincias, dos de las más afectadas por ratio de habitantes de toda España.
Alegan en el escrito que "ha quedado patente el desinterés absoluto del Estado español en el asunto, a pesar de existir pruebas contundentes en unos casos, e indicios en otros, de la comisión de los delitos que se denuncian, lo que está haciendo con absoluta indiferencia al derecho a la tutela judicial efectiva y a la indefensión de máximo nivel que pudiera producirse a los denunciantes".
SOS Bebés Robados de Huelva y Cádiz lamenta "el abandono y desamparo por parte de la justicia española", y hacen referencia a "la desigualdad" territorial por la que están atravesando, a diferencia de otras ciudades.
En dichas zonas se han dejado de investigar los procedimientos judiciales tras la unificación de criterio alcanzada en un pleno extraordinario de las dos Audiencias Provinciales en 2012, añade la organización.
En concreto, advierte, se está adoptando un criterio interpretativo de los artículos del Código Penal sobre la prescripción "absolutamente contrario al espíritu de la norma, a los efectos de poder cerrar y dejar de investigar cientos de casos que podrían constituirse como delitos de lesa humanidad".
También miembros del colectivo de la Asociación SOS Bebés Robados se han concentrado hoy ante las oficinas de correo de San Fernando (Cádiz), donde Alberto Prián, uno de los portavoces de la asociación, ha declarado que la Audiencia de Cádiz está archivando los casos, por el momento han contabilizado medio centenar, "adoptando el criterio de la prescripción".
Mantienen la esperanza en las exhumaciones que puedan realizarse, y, en el caso de Cádiz, se está a la espera de la llegada de un documento que decrete la clausura del antiguo cementerio de San José, donde muchos de estos bebés deberían estar enterrados, según los registros oficiales.
