La oposición exige al Gobierno local que ejerza un control más exhaustivo sobre las empresas que se encargan de servicios municipales debido a las quejas de los propios trabajadores.
El último caso es el de los conserjes del Fórum Metropolitano, quienes denuncian que la nueva adjudicataria les planteó un recorte salarial y de derechos poco después de ganar el concurso para un servicio del que se harán cargo mañana.
De esta situación se hizo eco el PSOE, quienes explican que los empleados deberán trabajar horas extra si quieren alcanzar el mismo salario que con la anterior concesionaria. Por último, indican que la empresa les trasladó que si no aceptan estas condiciones no se deberán presentar a sus puestos de trabajo.
Este es el último caso de una lista en la que los servicios municipales gestionados por empresas privadas han provocado quejas por parte de los trabajadores o desde otros sectores.
La semana pasada fue el caso de la ORA ya que la concesionaria de este servicio avisó a los usuarios de la aplicación para móviles de que empezaría a cobrar una comisión de hasta el 10% por su uso. El Gobierno local aseguró en un primer momento que la empresa podía hacerlo ya que estaba en el contrato, pero las protestas del PP, que había redactado los pliegos durante el anterior mandato, obligaron a la Marea a requerir a la adjudicataria que no lo hiciese.
Estos dos ejemplos son los últimos, pero durante los cerca de tres años de mandato que han transcurrido son varios los casos en los que las empresas intentaron empeorar las condiciones de trabajo de los empleados.
Ejemplos
Los conserjes de los centros cívicos, las trabajadoras de limpieza de los colegios públicos y las de dependencias municipales como el palacio de María Pita, los empleados de los Museos Científicos o el personal del Servicio de Ayuda a Domicilio son otros ámbitos en los que el Gobierno local se ha topado con problemas a la hora de que las compañías respeten los contratos.
“Son nuevos contratos con nuevas empresas que ganan concursos con ofertas económicas ajustadas y que luego pretenden repercutir sobre el salario y las condiciones laborales de los trabajadores”, indican desde el PSOE. Mientras, la semana pasada el PP denunciaba que es “la oposición quien tiene que hacer el trabajo del gobierno porque son incapaces de gestionar, fiscalizar y controlar a las empresas”.
Además, otro punto que critican los grupos de la oposición es que el Gobierno municipal introduzca en los contratos cláusulas de carácter social cuando posteriormente permite que se incumplan las condiciones estipuladas en dichos contratos.
Incomprensión
El portavoz del grupo municipal socialista, José Manuel García, aseguró ayer que “no entiende” cómo es posible que estas situaciones se repitan con tanta frecuencia y por ello solicita al Gobierno local que esté “vigilante” ante las actuaciones de las empresas que se encargan de estos servicios.
En este sentido insta al Ayuntamiento a “llamar al orden” a la concesionaria para que respete las condiciones del contrato. Así, José Manuel García insistió en que “la mejora de los servicios públicos no puede estar centrada en la precarización laboral de los trabajadores”.
Al contrario, el portavoz de la formación socialista entiende que lo necesario es que los avances en los contratos vayan asociados a “mejoras en procesos de atención, en la formación y en las instalaciones”.
