El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, anunció que las subastas que fijaban el precio de la luz para los consumidores domésticos desaparecerán en abril para establecer un sistema “más sencillo” de acuerdo con el precio medio del mercado mayorista durante el período de consumo del recibo.
En una entrevista en un diario nacional, Nadal explicó que, en abril, la parte variable del recibo, el 45 por ciento del total, se determinará según el precio medio del mercado mayorista, que puede ser mensual o bimensual, lo que “permitirá ahorros importantes para los consumidores domésticos”.
En el nuevo sistema se incluirá la opción de contratar un precio anual que dé estabilidad al recibo y no lo someta a los actuales cambios trimestrales. Esta opción, voluntaria, será “evidentemente más cara” que la revisión de tarifas a corto plazo, detalló Nadal.

constante
Precisó que “en el sistema anterior el precio de la energía se establecía mediante subasta, que convertían el precio del mercado mayorista de electricidad, que fluctúa cada hora, en un precio constante durante un trimestre”.
“Era muy complejo –dijo Nadal– con gran número de intermediarios y generaba un alto sobrecoste para el consumidor”. Con el nuevo sistema desaparecerán los intermediarios financieros, a quienes ya no será necesario pagar para fijar un precio.
La última de estas subastas, el pasado mes de diciembre, anticipó una subida en el recibo del 11% para 2014, lo que llevó al Gobierno a intervenir para anularla. El Gobierno se apoyó en la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que aseguraba que no procedía validar la subasta eléctrica “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas”.
Por otro lado, el Gobierno ha propuesto que las cinco grandes eléctricas sufraguen este año el 99,3% del coste del bono social, una tarifa subvencionada para las familias con menos recursos, de acuerdo al borrador de orden ministerial.
El texto fija el porcentaje que tendrá que abonar cada una de las veintisiete eléctricas integradas contempladas por el Gobierno en concepto de bono social. Las mayores aportaciones corresponden a las cinco grandes eléctricas: Endesa (41,62%), Iberdrola (38,47%), Gas Natural Fenosa (14,19%), Hidroeléctrica del Cantábrico (2,65%) y E.ON España (2,37%).