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jueves | 18 abril | 2024
La plantilla de Alcoa dispone de ocho días más hasta que se ejecute el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción planteado por la multinacional en A Coruña hace meses. El plazo finalizaba hoy mismo pero el Ministerio de Industria consiguió el aplazamiento en la madrugada de este sábado, cuando tuvo conocimiento de manera oficial de que la compañía americana descartaba la venta de las factorías de la ciudad y Avilés al fondo suizo Parter por, supuestamente, no ofrecer garantías financieras. La situación preocupa a los trabajadores del complejo de A Grela pero, pese a haber sido muy críticos con la actitud del Gobierno central en este conflicto en los últimos meses, ayer comentaron que “puxo á empresa no seu sitio de maneira contundente”. De hecho, llegó a amenazarla con tomar medidas más duras si entorpece la posible continuidad de la actividad y, en consecuencia, el mantenimiento de al menos una parte del empleo.
Cuando se rozaban las cinco de la madrugada de este sábado, el comité de empresa en A Coruña comunicó que, tras saber que Alcoa estaba a punto de romper las negociaciones con el fondo Parter al entender que este no cumplía con las garantías financieras exigidas, un representante del Ministerio de Industria se personó en la reunión para conocer las versiones del inversor y de los representantes sindicales.
Una vez dado ese paso, el secretario general del departamento, Raúl Blanco, “exigió a Alcoa que se prorrogase el proceso como mínimo hasta el 8 de julio para dar tiempo al inversor a explicar qué había pasado”. Al respecto de esa supuesta problemática, el presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho, aclaró a este diario que “Parter se queixa de que Alcoa lle cambiou as condicións pactadas no preacordo” y aún así afirmó que podría contar hoy con la “fianza en metálico” que le demandó a última hora.
Las mismas condiciones
La discusión entre las partes se prolongó durante toda la tarde –con varios aplazamientos del encuentro previos por parte de la firma americana– y la madrugada, según el comunicado, “al entender que estaba boicoteando, una vez más, el proceso de venta cambiando las condiciones al inversor en el último momento y exigiendo unas que era casi imposible cumplir en 24 horas”.
Al cierre de la sesión, ya de madrugada, se consiguió que Alcoa firmase el acta con el aplazamiento del proceso de ERE previsto para hoy hasta el 8 de julio “manteniendo las condiciones actuales y que el 1 de julio, a las 11.00 horas, se realice una reunión en la que Parter va a explicar lo que ha pasado y su solvencia financiera”.
En esa reunión participará el Ministerio y las conclusiones se trasladarán al personal de la planta coruñesa en una asamblea. En cualquier caso, Corbacho quiso dejar claro que aunque han sido críticos con el Ejecutivo central y lo siguen siendo, la pasada madrugada “estivo ao noso lado e puxo á empresa no seu sitio de maneira contundente”, exigiéndole la máxima “transparencia” a la hora de hacer las cosas porque los presuntos problemas para ejecutar el cambio de mano de las fábricas no se había comunicado ni siquiera al Gobierno.
Los representantes de Industria que acudieron al encuentro para tratar de mediar entre todas las partes recalcaron ante la multinacional que “ou se ampliaba o prazo para chegar a acordo ou as medidas ían ser moito máis duras do previsto”. “Posicionáronse moi duramente para que non trate de enganar e cumpra o que está enriba da mesa”, subrayó Corbacho.
Actuar con “responsabilidad”
Los trabajadores opinan que todo lo sucedido fue una estrategia para ponerlos a ellos en medio y culparlos de que no hubiese una salida, pero evitaron ese conflicto y cada vez tienen más “reticencias” con lo que venga de parte de Alcoa. No obstante, piensan que “dunha maneira ou doutra vai haber solución” y se guardan un as en la manga por si hay que tomar otras medidas de protesta.
Las reacciones ante el giro de los acontecimientos no se hicieron esperar y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó los “vaivenes” y pidió al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que “mueva ficha” tanto en este asunto como para que las electrointensivas puedan ser competitivas. Por su parte, el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, hizo un llamamiento a “la responsabilidad” del grupo empresarial.
La alcaldesa, Inés Rey, se manifestó en idénticos términos reclamando a la propietaria esa “responsabilidad” que permita llegar “a un acuerdo favorable” para el futuro de los trabajadores, fundamentalmente los de A Coruña, pues es consciente de la importancia de los más de 300 puestos que están en juego ahora.
