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sábado | 20 abril | 2024
Su madre, Sandra Llopis, considera que la Xunta (en realidad, algunos de sus funcionarios) carece todavía de más visión que este adolescente, alumno de Bachillerato en el instituto María Casares de Dorneda.
Ella afirma no entender cómo es posible que después de innumerables revistas y chequeos médicos, Fran todavía no cuente con una certificación que lo acredite de manera definitiva como discapacitado.
Hasta ahora el Gobierno autonómico, a través de la Consellería de Política Social, tan solo le concede justificantes anuales. Por cierto, el último ha caducado recientemente y todavía se encuentra a la espera del nuevo.
Cuatro años
La controversia entre Sandra Llopis, que cuenta con el apoyo total de su compañero sentimental y padre de Fran, y el ente autonómico se inició hace cuatro años cuando esta madre, que padece la misma dolencia que su hijo (arinidia bilateral), fatigada de las reiteradas revisiones médicas a las que se somete el menor, decidió solicitar una minusvalía con carácter definitivo.
“Es una fotocopia mía. La enfermedad es congénita y a mí, la propia Xunta, me concedió la discapacidad definitiva ¿Por qué a él no?”, dice esta mujer que reside en la urbanización Rialta.
Especula con la posibilidad de que en las primeras revisiones médicas los facultativos que atendieron al joven realizasen un diagnóstico equivocado. No le sorprende. Tan solo una persona entre noventa mil padece esta dolencia cuyos síntomas más comunes son deslumbramiento, fotofobia y mala visión.
“Lo consideran un trastorno. Dicen que mi hijo se puede curar. Y eso es imposible. Llevamos cuatro años así y esto no ha hecho más que provocarnos trastornos de todo tipo. Por eso hemos recurrido a los tribunales”, añade Llopis, al tiempo que se muestra convencida de que la justicia hará precisamente eso, justicia.
Mientras continúan a la espera, que asumen será todavía larga, Fran Amor sigue estudiando, con la ayuda de una lupa, para alcanzar el sueño de convertirse en psicólogo social.
