El Gobierno recurrirá la consejería de Romeva y la Comisión de Estudios catalana

22/01/2016 La consellera de Presidencia y Portavoz del Govern, Neus Munté. La portavoz de la Generalitat, la consellera Neus Munté, ha defendido este viernes la "plena legalidad y constitucionalidad" de la Conselleria de Exteriores de la Ge
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado ayer que el Ejecutivo va a recurrir la Consejería de Exteriores del nuevo Gobierno catalán que está encabezada por Raúl Romeva así como la Comisión de Estudios. No recurrirán en cambio la toma de posesión del nuevo presidente autonómico, Carles Puigdemont, al entender que su posición no prosperaría en los tribunales.
“La decisión es recurrir el decreto con las facultades en materia de Política Exterior, por llamarlo de alguna manera, y la comisión de Estudios”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La “número dos” del Ejecutivo defendió que “la proyección de las Comunidades es lo que dijo el Tribunal Constitucional y no más”. En cuando a la Comisión de Estudios, indicó que “nace después de que se descartase una comisión legislativa”. “Nos parece muy prudente que por parte del Tribunal Constitucional, a instancias del presidente del Gobierno, diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer”.

acción exterior
En concreto, sobre la Consejería de Relaciones Internacionales, “la del señor Romeva”, explicó que viene a desarrollar “una ley de acción exterior de la Generalitat que fue recurrida anteriormente, está recurrido, pero aún no fue sentenciado”.
“Lo que se va a estudiar es, dado que se trata del desarrollo de una Ley pendiente de recurso, cuál es la fórmula para poner de manifiesto que se ha producido ese desarrollo. Si no fuera un desarrollo de Ley anterior, sería un conflicto de competencias, pero como hay un recurso anterior, se estudiará la forma en la que se pueda poner de acuerdo esta cuestión”, añadió.
Sobre la comisión de estudios Sáenz de Santamaría dijo que “lo que se llevó fue una comisión legislativa de proceso constituyente y, cuando se advirtió que era clarísimamente una infracción de la sentencia del Tribunal Constitucional en que se decía que no se podía abrir un proceso constituyente, se transformó en comisión de estudios”.
En consecuencia, manifestó que “este Gobierno tiene que tener la suficiente agilidad y prudencia para evitar que lo que quería hacerse de una manera no acabe haciéndose por otra. Hay que analizar a qué se va a dedicar y cuál va a ser el futuro de las decisiones que ahí se adopten”. “Se va a dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que prepare la fórmula procesal más adecuada para proceder a la interposición de los correspondientes recursos”, zanjó.

El Gobierno recurrirá la consejería de Romeva y la Comisión de Estudios catalana