El caso de presunta malversación en la Fundación Cela queda pendiente de la celebración del juicio

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El Juzgado número 2 de Padrón (A Coruña) acogió ayer la audiencia preliminar de la causa que se sigue por un supuesto delito de malversación de fondos públicos relacionado con la Fundación Cela, un caso pendiente de la apertura de juicio oral, como solicitan las acusaciones, o del sobreseimiento, tal y como reclaman las defensas.
La pieza principal de este sumario se centra en el abono de una indemnización de 150.000 euros por despido al gerente de la entidad cultural, Tomás Cavanna, en lo que la acusación ve un presunto delito de malversación de caudales públicos. Este delito recaería sobre la que entonces era la presidenta de la fundación y viuda del escritor, Marina Castaño; sobre el expatrono y otrora miembro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez y su hija Covandonga Rodríguez, además de sobre el propio ex gerente.
En la sesión de ayer, las partes ratificaron sus posturas, de modo que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación particular, ejercida por el abogado Xosé María Rodríguez, que representa a Lola Ramos, la vecina de Padrón que advirtió de la existencia de presuntas irregularidades en la gestión económica de la fundación, pidieron la apertura de juicio oral para los investigados, que se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel.

Con jurado popular
Todos ellos entienden además que dicho juicio debe ser realizado bajo la fórmula de jurado popular al tratarse de un delito de malversación de caudales públicos. 
Sin embargo, las defensas exigieron el sobreseimiento, y, en todo caso, reclamaron que de continuar adelante el proceso, se realice y se juzgue de forma ordinaria en un juzgado de lo penal.
Es justo lo que señaló la defensa de Dositeo Rodríguez y de su hija, ejercida por el letrado Evaristo Nogueira, que a su salida del juzgado reiteró que “no hay indicio alguno para la apertura de juicio oral” al entender que las indemnizaciones se fijaron con “total y absoluta transparencia”.
Además, recordó que hay “dos datos que corroboran nuestra tesis”, por lo que el caso no tendría más recorrido, ya que entiende que “los perjudicados de todo esto serían dos instituciones” que no se han personado en la causa. “La Xunta, que no se personó, no formula acusación, por lo tanto no se siente para nada perjudicada”, al igual que “la propia fundación, a quien se le ofreció ser acusación y dijo que no”, explicó.
Por ello, insistió en que el hecho de que ninguna de las dos instituciones se sienta perjudicada avala la tesis de la defensa, en tanto que todas las actuaciones se llevaron a cabo con “transparencia y legalidad”. 
Bajo esa premisa, piden el sobreseimiento del procedimiento y, en el escenario de que siga adelante, interesan que el juzgado competente sea uno ordinario. l

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