• Lunes, 24 de Septiembre de 2018

Ya se han puesto a la cola

se trató de un “casus belli”: si Mariano Rajoy aplicaba en CataluñA

se trató de un “casus belli”: si Mariano Rajoy aplicaba en Cataluña el 155, ellos, el PNV, romperían relaciones con Moncloa. Mediaron hasta ultimísima hora para que Puigdemont convocara elecciones, como si ello bastara para restaurar la normalidad constitucional. En el fondo, venían a coincidir con la tesis del Gobierno y es de suponer que este dejó hacer.
Al final, sin embargo, a Rajoy no le quedó otro remedio que echar mano del cuestionado recurso constitucional para llamar a las urnas, destituir a los promotores del golpe de Estado y poco más. Fue un 155 blandito, que se está resolviendo con aparente normalidad. Indigna y furtivamente, el presidente rebelde puso pies en polvorosa.
El caso es que los nacionalistas vascos han arriado bandera y se han puesto a la cola, en un ejercicio –se justifican– de realismo. A la cola de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que, con tirios y troyanos, tan buenos réditos les viene dando. El problema es que Rajoy está empeñado en agotar la legislatura y los tendrá detrás presionando durante algún ejercicio más, no ya para la renovación de los quinquenales concierto económico y cupo, sino para lograr más dineros por otros caminos.
Gobierno y PP han acompasado el calendario parlamentario y la tregua preelectoral en Cataluña para que el PNV pueda volver al redil y sentarse a la mesa de negociación. Concierto y cupo quedaron aprobados la semana pasada a través del inusual procedimiento de tramitación directa y en lectura única. Cuanto menos ruido, mejor.
El concierto hay que aceptarlo porque está establecido en la Constitución. No es en principio ni justo ni injusto. Es un sistema distinto, derivado del reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales que en su disposición adicional primera hace nuestra carta magna. Pero lo del cupo; es decir, lo que el País Vasco tiene que pagar por los servicios, no transferidos, que allí presta el Estado, es otro cantar.
Buena parte del arco parlamentario y tribunas hacendísticas de todo orden lo ponen en cuestión porque se ha apoyado siempre –aseguran– en una tergiversación de cifras y cálculos para que los vascos paguen poco y puedan disfrutar de unos niveles de financiación por habitante muy superiores a los del resto de comunidades autónomas. Los datos son demoledores: en 2014, la financiación por habitante fue de 4.654 euros para el País Vasco y de 1.833 para Madrid, mientras que la media nacional se situó en los 2.000 euros.
En buena lógica, las comunidades autónomas de régimen común, tan mal financiadas muchas de ellas, han dejado oír sus más que quejas al respecto. Y esta será su actitud –me parece–en los espinosos contenciosos territoriales que se avecinan: ojo avizor ante los privilegios económicos y políticos que los nacionalismos puedan llevarse en aras de un teórico apaciguamiento.