Reparto discrecional

Más que un guiño o mensaje implícito, como lo define la Real Academia,  el trato dispensado a Cataluña en los presupuestos generales, en el capítulo de inversiones del Estado en infraestructuras,  ha constituido todo un resplandor vivo e evidente: 2.251 millones de euros; esto es,  un 52 por ciento más que el año pasado,  que suman la cantidad más elevada de la serie histórica. Frente a ello, el incremento para el resto conjunto de comunidades será del al 21 por ciento.  

Por si fuera poco, de los millones mencionados 200 son de libre disposición. Es decir, que no están previamente asignados a ninguna mejora concreta en las redes ferroviaria o de carreteras, sino para lo que tengan a bien Torra y compañía. Da toda la impresión de que como en los demás territorios no se ha dado golpe de Estado alguno ni hay en curso procesos separatistas, no hay para ellos financiación sobredimensionada ni cantidad alguna a modo de fondos reservados. 

A pesar de todo, el independentismo no se ha sentido satisfecho. Por una parte, porque no se ha observado  en sus máximos topes (19.2 por ciento) la esperada acomodación de la inversión estatal en infraestructuras al PIB regional, prevista a humo de pajas en el estatuto de 2006 ya que, según doctrina del Tribunal Constitucional,  no tiene efecto vinculante alguno para el Gobierno central. Y por otra, porque el apoyo de los golpistas a la tramitación de las cuentas públicas del Estado no va –dicen- de dineros, sino de acuerdos políticos que no llegan.

El problema añadido es que tanto ERC como los neoconvergentes se sacan cada día de la manga una nueva exigencia, como esa mesa bilateral con observadores internacionales o testigos independientes para hablar, entre otras cuestiones, del derecho de autodeterminación y asegurar el cumplimiento de los compromisos que en ese marco se asuman; para pasar, como dicen, de la retórica a los hechos.

El Gobierno ha mostrado así sin empacho alguno unas cifras que constituyen un insulto para otros territorios. Y es que los citados dos mil millones largos para Cataluña contrastan a todas luces con los 491 para Extremadura, los 539 de Aragón, los 38 de La Rioja o los 757 de Galicia, por sólo citar algunas de las comunidades más perjudicadas en los  que han sido calificados como “los números de la vergüenza”. 

Las obras pendientes del AVE –cada vez menos-  salvan a nuestra comunidad de un desplome mayor. No es, pues,  de extrañar que el presidente Feijoo haya mostrado su decepción ante la confirmación de las más pesimistas expectativas: los peores presupuestos desde 2002. 

Los gallegos –ha dicho- no sólo pierden en el reparto, sino que después deberán pagar la deuda que esconden unas cuentas inspiradas en la política económica de Podemos, fraguadas en el independentismo catalán y con unas previsiones de ingresos fuera de la realidad.

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