LOS PARTIDOS SE QUEDAN CON EL GOBIERNO DE LOS JUECES

No tiene perdón de Dios. Después de lo tocada que ha quedado ante la opinión pública y ante las víctimas del terrorismo la figura de Luis López Guerra, defensor aquí e inspirador allí de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, al Partido Socialista no se le ocurre otra cosa que proponer para la presidencia del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) y del Supremo a la magistrada Pilar Teso, asesora que fue del cuestionado López Guerra cuando éste, antes de ser enviado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para cumplir lo pactado con ETA, era secretario de Estado de Justicia con Rodríguez Zapatero en la Moncloa.
Muchos se preguntan, en efecto, si el PSOE no podría haber elegido otro nombre dentro de la nutrida izquierda judicial y, máxime, cuando tal propuesta está llamada a decaer ante el candidato que presenta el PP, mayoritario ahora en el órgano de gobierno de los jueces: el magistrado Carlos Lesmes. Habrá que ver, por tanto,  en la iniciativa socialista un agravio gratuito.  
Hoy puede quedar cerrado el proceso de renovación del CGPJ. En la nueva ley que desde finales de junio último lo regula hay, a mi modesto juicio, de todo. Aciertos, como la eliminación de situaciones de bloqueo; aspectos controvertibles, como el ejercicio a tiempo parcial del cargo de vocal, y torpezas manifiestas, como la designación por los partidos políticos de todos los vocales del Consejo.
El preámbulo de la ley califica de “crucial” la reforma acometida en el sistema de designación de los vocales. Sin embargo, ello se ha hecho en contra del criterio del Tribunal Constitucional expresado en la sentencia de  julio de 1986; de lo prometido por el PP en su programa electoral último; de lo manifestado por el propio ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, en su primera comparecencia en el Congreso, en enero del año pasado, y fundamentalmente en contra del principio de separación de poderes, clave y pilar del sistema democrático.
Con ligeros maquillajes, pero con la misma filosofía,  la nueva ley ha configurado de nuevo un CGPJ como mera correa de transmisión de los poderes legislativo y ejecutivo. Es decir, lo que ya estableció la ley socialista de 1985 y que fue calificado en su momento como la “muerte de Montesquieu” y  como un cambio de la Constitución sin reforma.
Ahora viene el titular de Justicia, más engolado que nunca, a hacernos creer que no ha habido reparto de puestos; que han sido los jueces quienes han formulado las propuestas, y que el Parlamento, “titular (¡!) de la soberanía”,  ha tomado sobre esa base una decisión al respecto. No sé si, al igual que el PSOE, Gallardón tampoco tendrá perdón de Dios.