domingo 26.01.2020

NUBARRONES EN CATALUÑA

Estuvo acertado el rey con su decisión de no recibir a la presidenta del Parlamento catalán para que ésta le entregara en persona el acuerdo de investidura de Puigdemont, a efectos de su nombramiento oficial como presidente del Gobierno autonómico. La ocasión hubiera sido aprovechada para una nueva exaltación pública del desvarío anticonstitucional independentista en que vive inmersa aquella comunidad. El jefe del Estado no ha querido brindar la coartada.  
Ya se habían prestado a ello suficientemente los grandes medios. Nada menos que seis horas largas dedicó TVE, en directo y desde Barcelona, al pleno de investidura en la tarde de domingo. Excesivo ha parecido a muchos. Se desconoce a qué otro evento la cadena podrá otorgar mayor relevancia. No ha sido esta la primera vez que el preceptivo trámite legal se solventa por escrito. A los golpistas no les ha gustado nada. Y es que en esta ocasión el gesto real ha cobrado especial significado en un escenario en que el nuevo Gobierno catalán se ha comprometido a llevar a cabo la desconexión con el resto de España en un plazo máximo de 18 meses.  
La verdad es que el acuerdo entre Juntos por el Sí y la CUP dejó desconcertados a más de uno, incluso dentro de la militancia convergente hasta hace poco más cercana a Artur Mas. El siempre bien escuchado Miquel Roca, por ejemplo, se preguntaba por la razón del repentino pacto, rechazado primero como imposible y presentado al final como solución. Un pacto, a juicio del que fue ponente constitucional, con vetos excluyentes, estabilidades nada seguras y los condicionantes ideológicos que se querían evitar. “No será –concluía– la estabilidad la que acompañará a esta legislatura”.
Quienes también mostraron especial preocupación han sido los empresarios. Entienden que el destacado peso de ERC y la vicepresidencia económica en manos de Junqueras acentuarán la radicalización. Y advierten que con una deuda pública del 32,7% de su PIB, un déficit que doblará el tope permitido y los créditos de emergencia del Ministerio de Hacienda como única vía de liquidez, los planes del Ejecutivo autonómico para disparar el gasto público, renegociar una deuda que en un 50% está en manos del Estado, revisar contratos y concesiones o reconsiderar la externalización de ciertos servicios públicos, sólo agravarán más la situación financiera de la Generalidad. Empresarios e inversores ven atónitos cómo la comunidad en otro tiempo más dinámica de España se ha adentrado en una arriesgada senda tanto política como económica.

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